(Eduardo Sáez Maldonado) La reciente sentencia judicial que condena a algunas de las canteras de Alhaurín a pagar a la Fundación de las Canteras ciertas deudas que tienen contraídas con ésta en virtud del famoso Acuerdo Marco es engañosa. El Acuerdo Marco dio pie en su día a un Plan de Reexplotación Minera (que se llamó eufemísticamente Plan Especial de Restauración y Reforestación) que tenía como evidente objetivo mantener la explotación minera con el pretexto de la restauración saltándose así la sentencia del TSJA de octubre de 2005 que decretaba el cierre inmediato de las explotaciones al considerarlas “ilegales y clandestinas”. Lamentablemente, a pesar de que la PDSS denunció la clara irregularidad del citado Plan, el TSJA se pronunció siete años después, cuando el Plan había acabado (al menos sobre el papel), precisamente eludiendo pronunciarse aduciendo dicha circunstancia (que ya había acabado).

En este contexto llama la atención el sorprendente comentario del alcalde publicado estos días en la prensa que ha afirmado que:

“La firma del acuerdo marco fue un acto de justicia después de tantos años soportando el impacto de la extracción en la Sierra de Alhaurín y no podemos permitir que se incumpla lo que firmaron entonces todas las partes: Ayuntamiento, Junta, empresas y sindicatos. Los acuerdos están para cumplirlos y llegaremos hasta el final para que así sea.”

Pues bien, la PDSS sostiene que el Acuerdo Marco y el Plan Especial en que derivó no ha sido “un acto de justicia” sino una vergonzosa artimaña urdida por el Ayuntamiento, la junta, los canteros y los sindicatos que permitió mantener abiertas las canteras que habían sido cerradas por orden del TSJA en octubre de 2005 disfrazándola de restauración. (http://www.diariolatorre.es/index.php?id=39&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28609&tx_ttnews%5BbackPid%5D=176&cHash=0371a61590).

Cualquiera que esté mínimamente informado de la historia de las canteras de Alhaurín sabe que el alcalde, no sólo no ha movido un dedo para acabar con las explotaciones mineras, sino que ha hecho lo imposible por mantener las explotaciones abiertas tras la citada sentencia de cierre y, en algunos casos, aún después como la PDSS ha demostrado en repetidas ocasiones (https://www.youtube.com/watch?v=CG-FSiZwFCA) .

Asimismo el alcalde ha hecho oídos sordos a las denuncias que la PDSS ha hecho sobre la actividad de la cantera de Pinos (una de las cerradas teóricamente tras la finalización del Plan Especial) y es de un cinismo insultante que pretenda quedar como salvador de la sierra en nombre de los alhaurinos cuando las canteras, como puede comprobar cualquier habitante del pueblo, no han cesado su actividad un solo día desde que empezaron a trabajar (ilegal y clandestinamente) hace varias décadas ante la connivencia del ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Y no tienen ninguna intención de hacerlo.

La PDSS no se pronuncia sobre los pagos que los canteros hagan o dejen de hacer a otra entidad privada como es la Fundación en virtud de los acuerdos que hayan podido firmar, ya sea por orden judicial o voluntariamente. Pero la PDSS sí exige al Ayuntamiento que imponga las sanciones “equivalentes al beneficio ilícitamente obtenido” que nunca les impuso a los canteros (y que ha estimado en 80 o 100 millones de euros); cierre, clausure y exija la retirada de la maquinaria de las canteras ilegales definitivamente y establezca un plan a corto plazo de cierre de las no ilegales pero que han alcanzado ya sus límites de explotación. Y, por supuesto, no negocie a espaldas de los alhaurinos más falsos planes de restauración para continuar explotando la sierra impunemente.

La Sierra de Alhaurín ha contribuido ya sobradamente al desarrollo desbocado de la Costa del Sol pagando con la salud de sus habitantes y de su sierra las irregularidades de las administraciones que han gobernado todos estos años.

Ya está bien de seguir tomándonos por tontos.

Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra