(Eduardo Sáez Maldonado) Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretó la ilegalidad y clandestinidad de cuatro de las canteras de Alhaurín de la Torre en octubre de 2005, las administraciones “competentes” urdieron un Plan (que llamaron de “restauración”) pero que permitía el mantenimiento de la actividad extractiva durante siete años más otros tres posibles de prórroga. La PDSS denunció las manifiestas irregularidades que dicho plan tenía pidiendo su anulación inmediata. Especialmente denunciamos que no se había hecho una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pues aunque la extracción estaba camuflada en un plan especial de restauración, el hecho es que el plan contemplaba el movimiento de tierras, extracción y comercialización de áridos y las leyes vigentes de entonces ya obligaban a una EIA.
Durante todos estos años hemos estado esperando que el TSJA (que es el competente en estos asuntos) se pronunciara. Finalmente, tras casi una década, el TSJA ha dictado sentencia pero sólo para decir que, como el plan ya no está vigente, no entran en el fondo del asunto. Y se quedan ahí. Es decir los ciudadanos no sabremos si se ha cumplido o no la ley y si en este tiempo se han enriquecido unos particulares a costa de nuestro medio ambiente y nuestra Sierra.
Los ciudadanos nos hacemos las siguientes preguntas y reflexiones:
1.- ¿Cómo es que pagamos nuestros impuestos para cubrir los sueldos de los funcionarios de la administración de justicia y éstos son incapaces de dictar sentencia antes de que pasaran los siete años de duración del plan?
2.- El Tribunal tampoco se pronuncia sobre el incumplimiento de la sentencia de 2005 ni sobre la evidente artimaña para disfrazar de restauración lo que no era más que una explotación encubierta (algo que ha sido puesto de manifiesto por el propio Ayuntamiento, que ha reconocido que, tras los siete años de vigencia del plan, la restauración apenas ha llegado al 10%). ¿Cómo es que los empresarios no pidieron la prórroga de tres años que les permitía el plan? ¿Es que temían que los jueces se pronunciaran con el plan aún vigente y lo anularan? Los ciudadanos pueden pensar que se les está sirviendo a los empresarios un procedimiento para el incumplimiento de las leyes. La estrategia entonces es hacer planes cortos que caduquen antes de que los jueces se pronuncien.
La lamentable lentitud de la Justicia nos lleva a esta sorprendente paradoja. Se tarda tanto en resolver que, para cuando llega el momento, el plan ya ha expirado. Y entonces el tribunal dice que para qué va a resolver ya. Pero el daño infligido a la sierra y a la salud de los habitantes de la zona no ha expirado, la burla a los ciudadanos por parte de las administraciones “competentes” no ha expirado. La poca vergüenza no ha expirado. La PDSS sabe que, al menos la cantera de Pinos sigue trabajando tras la finalización del plan como si nada, y que incluso ha intentado (sin éxito por el momento) que le sea aprobado un nuevo plan de re-explotación minera (llamemos a las cosas por su nombre) para dar cobertura legal a lo que siguen haciendo irregularmente. El plan, claro está, tendría una duración corta para que a los Tribunales de Justicia no les diera tiempo a pronunciarse.
¿Esto es justicia?. Exigimos una Justicia digna y de calidad que dicte sentencia en tiempo y forma y se acabe con la indefensión de la mayoría frente a los intereses de unos pocos.
Ante tanta irregularidad e injusticia hemos pedido amparo al Parlamento Europeo que ya está estudiando el caso de las canteras de Alhaurín de la Torre. Hay que recordar que el caso de ilegalidades de las canteras se abrió en los años noventa con la reclamación al Defensor del Pueblo Andaluz ante la pasividad del Ayuntamiento de Alhaurín y Junta de Andalucía. Ahora tendrá que ser el Parlamento Europeo el que se pronuncie y señale la injusticia y los daños contra la Salud y el Medio Ambiente.
Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra
