(Eduardo Sáez Maldonado) El Centro Nacional de Epidemiología, del Instituto de Salud Carlos III, acaba de publicar el pasado 1 de octubre un interesante Atlas Municipal de Mortalidad por Cáncer que nos actualiza un estudio anteriormente publicado en 2007 e igualmente detallado en el que se analizaba el periodo de 1989 a 1998 y del que la PDSS dio oportuna difusión. Ya entonces resaltábamos el interés que para los habitantes de la Costa del Sol tenía aquel estudio ya que mostraba una probabilidad de morir por cáncer de pulmón de origen ambiental de hasta un 50% superior a la media nacional.
Es ya conocido de forma generalizada que el cáncer de pulmón está claramente correlacionado con el tabaco. El hecho de que las personas que fallecen por cáncer de pulmón lo sufran normalmente a partir de los 60 años de edad, sumado a que las mujeres se han incorporado de forma generalizada recientemente al hábito del tabaco (con lo que las fumadoras aún no han llegado a la edad de padecer dicha dolencia) introduce una diferencia clara entre el mapa de mortalidad en hombres y en mujeres. De hecho, los datos de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres “…pueden estar poniendo de manifiesto el posible efecto de exposiciones ambientales ajenas al hábito de fumar…” según comenta el propio informe.
Hasta 1998, los mapas mencionados muestran que los municipios de la Costa del Sol tienen una probabilidad de hasta un 50% por encima de la media de morir por cáncer de pulmón de origen ambiental. El estudio publicado estos días amplía hasta 2008 los datos y, aunque en el quinquenio 1999-2003 no es tan significativo, en el mapa correspondiente a los años de 2004 a 2008 se vuelve a observar una anormal concentración de riesgo en la zona, lo que viene a incidir en la evidencia de que aquí está pasando algo extraño (se adjuntan los mapas mencionados).
De otros estudios del mismo autor, se puede leer los siguiente e inquietantes comentarios:
“…en los pueblos cercanos a una mina de carbón a cielo abierto, el riesgo de fallecer por cáncer de colon es de un 9,7% superior al resto de la población y el de morir por un tumor de pulmón es un 6,6% mayor.”
“…en los pueblos españoles cercanos a cementeras … el riesgo de morir por cáncer colonorectal es un 10% mayor que en los pueblos situados a más de 5 km en el caso de las mujeres, y un 7% mayor en los hombres, para los que el riesgo de fallecer por cáncer de estómago también es un 9% mayor.”
La PDSS ya solicitó en 2007, a la vista del primer estudio, y vuelve a exigir ahora, que las administraciones competentes tomen cartas en el asunto y profundicen en estos inquietantes datos para determinar, en la medida de lo posible, las causas últimas. Asimismo la PDSS vuelve a pedir a las administraciones la instalación de medidores fijos de polvo que aporten datos de concentración media de partículas PM10 en la zona durante al menos un año completo para que los resultados tengan un mínimo de significancia estadística, algo que la administración ha evitado reiteradamente. Y es que la PDSS continúa preocupada porque, ante la ausencia de otras causas que expliquen esta anormal concentración de riesgo, tememos que la existencia de una de las mayores minas a cielo abierto de España en el centro de este foco pudiera tener alguna influencia en el mismo a la vista de los datos científicos que, poco a poco, se van acumulando en esta dirección.
Las canteras de Alhaurín siguen generando una actividad importante, y aunque ahora están agazapadas (con la connivencia de las administraciones “competentes”) a la espera de que pase la crisis de la construcción para ser de nuevo el centro de abastecimiento de la costa, aún siguen saliendo camiones de árido a un ritmo que llega a ser de hasta 50 camiones por hora.
La PDSS exige por tanto que, mientras se profundiza en la investigación de las causas de estos datos, en cumplimiento de la legalidad y siguiendo el elemental principio de precaución aplicable a riesgos para la salud de los habitantes de la zona:
1.- Las canteras ilegales que carecen de licencia sean definitivamente selladas y clausuradas impidiéndose que se vuelva a extraer material de ellas.
2.- Se inicie un plan para establecer plazos de finalización de la extracción en las canteras que aún no han sido declaradas ilegales pero que continúan esquilmando la sierra y minando la salud de los vecinos.
Cuarenta años de explotación ilegal e incontrolada, el elemental principio de precaución señalado y una herida incurable en la sierra aconsejan que, de una vez por todas, cese definitivamente la actividad minera en la zona.
Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra
