(Plataforma en Defensa de la salud y la Sierra, PDSS) El otro día, el gerente de la Fundación Las Canteras, Sr. Luis Bravo, publicaba un escrito que, aunque orientado a desacreditar a un concejal de la oposición a título personal (algo en lo que la PDSS no va a entrar, lógicamente) hace un peculiar resumen del conflicto de las canteras sobre el que la PDSS sí tiene algunas cosas que decir. Comienza el Sr. Bravo su escrito afirmando que:
“….el 13 de enero de 2006, se firmó el llamado Acuerdo Marco para la Restauración de las canteras de Alhaurín de la Torre. Aquella tarde…. ….el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, las siete empresas extractivas, la Junta de Andalucía y la representación sindical de CCOO y UGT, firmaron ese acuerdo por el cual se cerraba definitivamente la explotación de 4 canteras del término municipal.”
Olvida el Sr. Bravo, sin duda inadvertidamente, que las canteras no las cerraba el Ayuntamiento sino el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (en sentencia firme de octubre de 2005) por trabajar durante décadas y desde sus comienzos de forma “ilegal y clandestina”. Muy al contrario, durante las décadas en que la PDSS estuvo denunciando las innumerables irregularidades, el Ayuntamiento (con la inestimable connivencia de la Junta) miró para otro lado manteniendo abiertas las explotaciones, ellos sabrán por qué. Sólo tras la inapelable e ineludible sentencia del TSJA el Ayuntamiento intervino.
Olvida asimismo el Sr. Bravo, sin duda inadvertidamente, que el acuerdo marco que menciona no supuso en realidad el “cierre definitivo” de la explotación como afirma, pues durante los siete años de vigencia del Plan Especial se mantuvo la explotación minera sin recato alguno. Por el contrario, no se llevó a cabo la restauración (un escaso 10% de lo previsto) que era lo que daba justificación al Plan. Un plan que resultó ser, como la PDSS denunció desde el principio, el gran fraude de la restauración. Es más, una vez concluido dicho plazo, la PDSS publicó evidencias de que, en al menos una de las explotaciones, se continuaba trabajando ilegalmente y de forma nocturna y clandestina ante la pasividad del Ayuntamiento.
Olvida también mencionar el Sr. Bravo, sin duda inadvertidamente, que en lugar de los 20 millones que parece ser que los empresarios canteros se habían comprometido a pagar mediante el acuerdo marco, el Ayuntamiento debió haber impuesto a los infractores (según establece la ley) una sanción encaminada a la restitución de la legalidad urbanística que podría haber ascendido, en un cálculo somero, a más de 100 millones de euros ya que debería haber sido equivalente “al beneficio ilícitamente obtenido”. Esta sanción que nunca se impuso (ellos sabrán por qué) evidencia nuevamente de qué parte se posiciona el ayuntamiento en este asunto de las canteras.
Y en lo relativo a la Fundación de Las Canteras, que el Sr. Bravo gestiona con parte de esos ingresos acordados con los infractores, la PDSS debe decir que no ha sido más que el instrumento encaminado a lavar la cara de los delincuentes. Después de diez años de incumplimientos de pagos por parte de las empresas y de desvío de dinero del presupuesto municipal para subvenciones otorgadas por la Fundación para contribuir a su mayor “gloria” y a blanquear su imagen (camisetas para los equipos de los niños, carreras populares, flores en los jardines etc.), ha pasado de ser pública a ser privada para eludir la responsabilidad de no fiscalización de fondos públicos.
Lo último, y especialmente sangrante tuvo lugar antes de la navidad cuando la Fundación pretendió sufragar desayunos a los estudiantes de ciertos colegios del municipio en un claro intento de manipular las conciencias de los niños de forma burda y moralmente inaceptable. La utilización del alumnado de los centros públicos ha sido siempre un objetivo de la Fundación, que se ha encontrado muchas veces con la resistencia de los centros y otras veces no. Está claro que la Fundación mal denominada Social y Medioambiental pretende blanquear la imagen de las canteras y confundir a los alhaurinos, pero utilizar a los niños y que el Ayuntamiento se preste a este fin, resulta muy perverso.
Ahora se retoma el tema del innecesario polideportivo de Pinos, que es uno más de los fraudes e incumplimientos del Acuerdo Marco al que se opuso la PDSS. Un señor, Luis Bravo, que ha sido designado por el alcalde y las empresas infractoras, gestiona sin fiscalización la compensación económica destinada al pueblo de Alhaurín de la Torre por el daño irreversible causado a su Sierra.
El asunto de las canteras es ciertamente complejo, pero en el fondo no es más que un posicionamiento claro de las administraciones “competentes” (Junta y Ayuntamiento) del lado de los empresarios infractores y en contra de los intereses generales del pueblo. Ellos sabrán por qué. Nosotros, por el momento, no podemos más que imaginarlo.
