La central sindical exige también explicaciones a la Junta de Andalucía por la decisión del Tribunal Supremo que acaba con los privilegios de otras fuerzas sindicales .

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Andalucía exige la ejecución inmediata de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo favorables a la postura de esta central sindical respecto a la aplicación del VI Acuerdo de Concertación Social y que declara nula dicha aplicación.

CSI-FAndalucía, como se recordará, recurrió las millonarias subvenciones que recibieron la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en virtud del VI Acuerdo de Concertación Social firmado por las tres entidades y por la Junta de Andalucía para el desarrollo de la Formación y de las políticas de Empleo al considerarlas discriminatorias para con esta central sindical.

Tras sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Junta y los sindicatos demandados recurrieron, mediante recursos de casación, al Tribunal Supremo, que años más tarde ha vuelto a dar la razón a CSI-F Andalucía, declarando nula la aplicación de dicho Acuerdo de Concertación.

CSI-FAndalucía, que exige el cumplimiento inmediato de las sentencias, recuerda que el tema se recurrió en su momento por responsabilidad social, la responsabilidad que conlleva ser el sindicato más representativo dentro de la Función Pública Andaluza; por eso acudimos en su momento a la Justicia, que ahora nos vuelve a dar la razón.

No obstante, esta Central Sindical quiere dejar meridianamente claro que la actitud de CSI-F Andalucía no va contra ningún sindicato, ni contra ningún partido político, sino contra los posibles desmanes de la Administración y contra los presuntos fraudes que dentro de ésta se pueden producir. Las dos sentencias en firme del Tribunal Supremo declaran nula la aplicación y el desarrollo del VI Acuerdo de Concertación, pero sobre todo dejan claro que el modo de actuar de la Administración en este asunto tampoco ha sido el idóneo, como en la Reordenación, donde los Tribunales siguen dándonos la razón una y otra vez, o como en el reciente Concurso de Méritos, en el que gracias a la acción judicial de CSI-F Andalucía más de doce mil empleados públicos andaluces han visto solucionada su situación.

CSI-FAndalucía desconoce, obviamente, cómo va a reaccionar la Junta de Andalucía, pero entiende que, como mínimo, debe unas cuantas explicaciones por este asunto. Y no se las debe a CSI-F Andalucía. Se las debe al conjunto de la ciudadanía. Esperemos que, en este tema, por lo menos, los políticos andaluces estén a la altura de las circunstancias.
Por último, CSI-F Andalucía quiere anunciar que su Asesoría Jurídica está estudiando los próximos pasos a dar y no lo avisaremos en su momento. Está claro que el tema tiene el suficiente calado político, económico y social como para no quedarnos parados y seguir buscando, como siempre, lo mejor para Andalucía, para los intereses de la Comunidad y para los intereses de los empleados públicos andaluces.

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