Para curarse, un hospital. Para adoctrinar, los templos. Para educar, la escuela. Y puestos a calificar la enseñanza, habremos de añadir “pública”, “laica”, “democrática”, “igualitaria”, “de calidad”, “universal” o “gratuita” y alejarla de conceptos “doctrinarios”, “selectivos” o “de pago”.

Nuestra fuerza política está impulsando el fortalecimiento de la enseñanza pública, como lo pone de manifiesto el Área de Educación, cuyo responsable en el plano organizativo es Antonio Maillo y cuya referencia en el grupo parlamentario es Marina Segura. Son precisamente estas las fechas en las que toca –o no- renovar los conciertos con los colegios “de pago”, puesto que ahora vencen los cuatro años que tienen de duración estos convenios y que no derivan, inevitablemente, en renovaciones obligatorias. Es llegado el momento de la planificación educativa y es llegado el momento de evitar involuciones hacia modelos caducos que segregan por sexos o por clases sociales, contraviniendo el Estatuto de Andalucía o la propia Constitución.

Y es que, políticamente, la escuela pública está sufriendo un ataque sin precedentes a favor de la escuela privada –selectiva, segregadora, de pago- por parte del ministro Wert y sus aledaños ideológicos de la derecha más radical. Por eso es ahora el momento –no sólo el procesal, sino también el de dar la respuesta política- de blindar la escuela pública en este ámbito autonómico.

Para Izquierda Unida, socio en el gobierno andaluz, es una prioridad absoluta replantear las políticas de concertación que se nutren de fondos públicos y a las que se debe recurrir sólo donde no sea posible ofertar plazas educativas públicas.

Dicho aún de forma más clara y más directa: Donde existan plazas públicas suficientes, éstas garantizarán la escolarización para el nuevo alumnado. Desde la concepción de la izquierda transformadora, los recursos públicos destinados a educación deben avalar que, habiendo plazas libres en los centros de titularidad pública, estos son oferta suficiente como para cumplir la obligación de los poderes públicos en su compromiso con una escuela gratuita, universal, democrática y de calidad.

Motivo de más si con ello se consigue aumentar la plantilla del profesorado público que supone 1,2 maestros por cada grupo de más en Primaria y 1,6 en ESO. Es decir, además, crea empleo de calidad y con garantías de transparencia en su contratación. Y dentro de la concertación, en IU reconocemos la labor que se realiza desde los centros educativos de la Economía Social.

Fortalecer el sistema público frente a recortes que conducen a privatizaciones de la enseñanza (afirmación que vale para otros sectores como sanidad o dependencia) es una estrategia fundamental en un momento histórico que pone a prueba, una vez más, a la sociedad andaluza frente a los mercados –esta vez- del negocio ideológico educativo

 

 

 

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