(IU) Los seis meses que ha tardado el Decreto de la Función Social de la Vivienda en convertirse en ley han servido a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, cuyo equipo dirige Elena Cortés, para acelerar trámites y reunir documentación para favorecer a familias en riesgo de exclusión por desahucio. El pasado 15 de octubre se aprobó la primera expropiación social de una casa. Hicimos historia. La vivienda había sido embargada por una sociedad de gestión de activos (A Y T Fondo Hipotecario Mixto, Fondo de Titulización de Activos), que es una sociedad destinada a la compraventa especulativa de bienes inmobiliarios. No se podía empezar mejor. Con la duda de si el gobierno central recurrirá la nueva ley pero convencidos de su firmeza jurídica y de su legitimidad social, ya hay preparados 130 expedientes más para remitirlos al BOJA. En Andalucía hay 700.000 viviendas vacías y se han efectuado más de 80.000 desahucios desde el año 2007. Izquierda Unida, desde la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz, trata de dar respuesta a esta absurda paradoja de casas sin gente y gente sin casa. Como dice María del Carmen, la vecina de Huelva que podrá seguir en su vivienda, “del sí se puede hemos pasado al hemos podido”.
