La diputada de Servicios Sociales, Familia y Centros Asistenciales, María Esperanza González, ha recordado que estas subvenciones van destinadas a reducir situaciones de exclusión social entre los menores de la provincia

La convocatoria ha sido publicada en el BOPMA número 132, del 10 de julio, y las ayudas pueden solicitarse hasta el 31 de julio de 2020.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy, 10 de julio, la convocatoria para la concesión de ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2019 dirigidas a familias con menores a su cargo y que carezcan de medios económico suficientes para atender sus necesidades básicas. Las prestaciones pueden solicitarse hasta el 31 de julio, inclusive, y el presupuesto total de la presente convocatoria 2019 asciende a 323.665 euros.

La diputada de Servicios Sociales, Familia y Centros Asistenciales, María Esperanza González, ha informado que se trata de «una convocatoria cuya finalidad es reducir las situaciones de riesgo de exclusión social para menores derivadas de la carencia de recursos económicos de sus familias que, desgraciadamente, necesitarán muchos malagueños debido al impacto económico originado tras la crisis sanitaria que afronta el país».

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas mayores de edad o emancipadas, que residan y estén empadronadas en un municipio menor de 20.000 habitantes de la provincia, y que carezcan de medios económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los menores que estén a su cargo.

El importe de las ayudas a las familias estará determinado por el número de personas que menores de edad que convivan en el domicilio familiar. Se financiarán los gastos derivados de las necesidades básicas y, si fuese necesario, aquellos destinados a cubrir necesidades extraordinarias. Asimismo, estas ayudas económicas no podrán ser concedidas por periodos superiores a 6 meses.

Las ayudas tendrán varios propósitos, aunque siempre dirigidas a la cobertura de las necesidades básicas de los menores, como es la adquisición de alimentos, vestimenta, calzado, productos de aseso personal e higiene doméstica, leche de continuidad, así como medicamentos bajo prescripción médica. Asimismo, se incluyen pañales, material escolar no financiado por la Consejería competente en materia de educación, acceso a recursos educativos que desempeñen una función de integración del menor, además de los gastos derivados de transporte.

«En casos en los que esté debidamente motivado, con el fin de que se evite la desestructuración familiar, este tipo de prestaciones incluye además una ayuda para el alquiler de vivienda, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como la adquisición de mobiliario y enseres básicos que puedan incidir en el bienestar del menor», ha destacado la diputada