Juan Mejias Barrera: Las reacciones de la comunidad educativa ante el anuncio de los primeros recortes en materia de Educación no se hicieron esperar en Alhaurín de la Torre. De este modo, a partir de junio de 2012, un conjunto de docentes de la localidad viene reuniéndose para plantear medidas conjuntas en defensa de la Educación Pública. Hasta ahora, la Plataforma Educativa de Alhaurín de la Torre, que cuenta con representantes de todos los centros educativos de Primaria y Secundaria de la localidad, ha ido creciendo en número de miembros y, por lo tanto, también en número y variedad de ideas que pretendemos aunar en el siguiente escrito:
Creemos que la sociedad de un país no puede estar supeditada a unos beneficios económicos, única y exclusivamente, que tales beneficios económicos, no son un fin sino un medio en la búsqueda de una sociedad más justa, equitativa y por tanto, más humana.
Creemos que el despilfarro y la mala gestión de las diferentes administraciones, locales, autonómicas y nacionales, no pueden ni deben afectar a aquellos pilares sobre los que hemos construido esta sociedad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y el cuidado de nuestros mayores. Entendemos que es la enseñanza pública, la que acoge y la que incluye a una sociedad plural como la nuestra, y que es la enseñanza pública la que puede garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de ese proyecto de sociedad antes mencionada.
Conscientes del momento trascendental que estamos viviendo, en el que los recortes presupuestarios experimentados en la enseñanza pública en los últimos cuatro años, los realizados en el capítulo educativo en la Ley de Presupuestos del Estado para este año, así como el recorte extra de 3.000.000.000 € (tres mil millones de euros), anunciado el 16 de abril por el Ministro Wert, ponen en peligro los derechos básicos a los que aspiramos como pueblo y por ende el futuro de nuestra sociedad. Por todo ello, manifestamos:
1. Su desacuerdo con los sucesivos recortes que se vienen produciendo en los presupuestos destinados a los centros educativos de Andalucía.
2. La denuncia sobre el creciente deterioro del servicio público de educación, como consecuencia de los reiterados recortes presupuestarios.
3. Que el Gobierno de Andalucía, tanto el constituido anteriormente por PSOE como el que actualmente suscriben PSOE e IU, también es responsable de la actual situación, que además se ha agravado con las medidas legales y los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno del Estado (presidido por el PP).
4. Que nos oponemos a los despidos de profesorado, al aumento encubierto de ratios, al aumento del número de horas de clase que debe impartir el profesorado, a la reducción salarial, a la falta de profesorado sustituto y a la mezcla de grupos, a la restricción de los programas educativos, por considerar que, en definitiva, todas estas imposiciones van a perjudicar, sobre todo, al conjunto del alumnado que va a recibir sus clases en aulas masificadas y con escaso profesorado; y que son producto del objetivo de los gobiernos respectivos de deteriorar el servicio público de la educación y avanzar hacia su privatización.
5. Que continuamos defendiendo una enseñanza pública, gratuita y de calidad para el conjunto de la sociedad, nos oponemos a que el dinero público se use para favorecer los intereses particulares antes que los del conjunto de la población e instamos a que se mantengan las inversiones en educación, preservando el derecho constitucional a la educación, que debe ser garantizado con la máxima calidad por los poderes públicos.

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