(Rafa Calasanz UPyD Alhaurín)   Para que un país sea campeón en corrupción, hacen falta dos cosas básicas para que la misma campe a sus anchas. Una es la instauración de un régimen político anclado en años de poca experiencia democrática, por la cual se han aprovechado para instaurar un sistema clientelar y corrupto muy similar a los tiempos preconstitucionales. Un régimen que ha hecho de sus principales actores, dos moles de poder político y económico al margen de la sociedad civil que decían representar. Y dos. Un poder judicial manejado por estas dos moles donde han ido colocando y repartiéndose a dedo político, a todos y cada uno de los miembros de su cúpula y de sus diferentes ramas autonómicas. La demostración palpable la hemos podido comprobar los último días, con la des imputación  de varios cargos políticos que durante la instrucción de sus causas aparecieron indicios muy reveladores de que no habían actuado conforme a la ley  aprovechándose de su aforamiento (casos Barcina y Blanco) y poder político. Otros, por sus influencias entre miembros del supremo (Matas). Caso de que al Supremo le sea imposible mantener la mascarada, ya vendrá el consejo de ministros para el indulto de turno.    Todo lo anterior queda demostrado con la obsesión por parte del PSOE y Junta (paradójica parte acusadora) para que la juez Alaya pase el testigo del caso ERES al Tribunal Supremo. Al PSOE se le ve el plumero en este caso que evidentemente no quiere que se investigue hasta el final. Paradójico es que tanto el PSOE como los abogados defensores, en este caso del 2º de la futura presidenta andaluza, Antonio Lozano, exija a la juez que impute a aforados que hasta ahora no han pasado por el dedo de Alaya. Lo nunca visto. Se pretende que imputen a Viera, Zarrias y, en último caso, a Griñán y a Aguayo, así, como han leído. Más que evidente es que en el seno del Supremo se siente recogidos y protegidos, a sabiendas que el mismo sea mucho más benevolente y laxo que el “demonio” Alaya”. Queda meridianamente claro que la Junta y el PSOE, “dueño” de ésta durante más de 30 años,  no quieren que conozcamos cómo han “invertido” el dinero público para que el régimen mantenga a todo un ejército de acólitos y enchufados, haciendo de Andalucía su cobaya nacional con los resultados ya conocidos.Todo ello con la condescendencia de un partido, IU, que se autoproclamaban luchadores contra la corrupción y en pro de la transparencia política. Incluso se niegan a que los andaluces decidan de nuevo tras la huída de su presidente por, entre otras cosas, estar en el punto de mira de la Juez Alaya, que no es poco. Demuestran con ello ser de la misma estirpe política que nos ha acompañado a los ciudadanos en “democracia”, en tanto no exigen para aquí lo que si exigieron en Madrid cuando la dimisión de Aguirre.

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