La portavoz del grupo provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha exigido hoy el mantenimiento del personal administrativo vinculado al refuerzo de los servicios sociales ya que existen fondos para ello y evitarían el serio perjuicio que su despido causará en los pueblos pequeños y en los beneficiarios de la Ley de Dependencia.
Morillas ha hecho estas declaraciones tras presentar iniciativas de carácter social que se debatirán en las comisiones plenarias de Diputación y ha criticado a los líderes del PP que acusan a la Junta de no apoyar a los dependientes, cuando ha sido el recorte del Gobierno central el que ha obligado a la administración regional ha aumentar su aportación para que los beneficiarios no se vieran tan afectados. Morillas ha dicho que en la provincia “se ha disparado la brecha entre los que más tienen y los que menos, situándose por encima de la media de la Unión Europea. El número de personas que acuden a los servicios sociales comunitarios se ha multiplicado en los últimos años, debido a los efectos de la crisis y las políticas de austeridad, que ya algunos han calificado como austericidio”.
La portavoz de IU ha enumerado las distintas acciones del Gobierno central contra el sistema de servicios sociales y entre ellos un recorte a la Ley de Dependencia de 125 millones de euros para este año, que ha obligado a la Junta a asumir un 70 por ciento de la aportación, cuando hasta ahora era del 51 por ciento del total. “La administración que tiene más capacidad de ingresos (en referencia al Gobierno central en manos del Partido Popular) recorta las transferencias a Andalucía y obliga a la Junta a hacer una aportación superior sin tener recursos. A pesar de todo ello, el PP se permite criticar sin decir la verdad”. Dicho recorte, se produce tras haber bloqueado por parte del gobierno central la entrada de nuevos beneficiarios de grado moderado.
En el pleno ordinario del mes de diciembre, la Diputación acordó instar a la Junta de Andalucía a que mantuviera la financiación de las partidas correspondientes al refuerzo a la dependencia, con el objetivo de no debilitar aún más la ya de por sí debilitada estructura de los servicios sociales comunitarios, competencia de ayuntamientos y diputaciones, y con el objetivo también de mantener el empleo. “No fue posible, sin embargo, que el PP asumiera la enmienda que Izquierda Unida presentó, con el objeto de que la Diputación se comprometiera, en cualquier caso, a dar continuidad a los contratos”.
Morillas recuerda que el trabajo que realizan los trabajadores no sólo es fundamental para los dependientes, sino que, en la práctica, el recorte propicia que sean refuerzo para todo lo relacionado con los servicios sociales comunitarios
Para la diputada provincial en estos momentos, los gobiernos de las distintas administraciones deben situarse en la defensa de los servicios sociales públicos y del mantenimiento de los derechos conquistados durante todos estos años. “Y es por ello, que consideramos que la Diputación de Málaga, al igual que han hecho otras diputaciones, como la de Huelva, ha de concretar dicho compromiso en dar solución al personal administrativo del refuerzo a la dependencia”.
Morillas afirma que el ente supramunicipal dispone de fondos para mantener a estos trabajadores esenciales para el desarrollo de la ley de dependencia y servicios sociales en los pequeños municipios. También ha facilitado el dato que el presupuesto para este año de La Térmica, de 400.000 euros, es superior al coste de mantener a estos nueve trabajadores y el importante servicio que prestan.
