El grupo parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) pidiendo una moratoria “sine die” en una disposición transitoria de la Ley de Agua porque su entrada en vigor supondrá un incremento importante en los recibos de agua de aquellos usuarios que no tengan contador individualizado.

Así lo ha anunciado esta mañana la parlamentaria andaluza por Málaga y portavoz en la Comisión de Medio Ambiente, Dolores Quintana, junto a los concejales de la coalición en Torremolinos, Félix Martín y Begoña Romero, quienes fueron los que alertaron de las graves consecuencias que tendrá la entrada en vigor de esta disposición.

Se trata de la disposición transitoria séptima de la Ley 9/2010 de Aguas sobre la que pesa una moratoria que finaliza en diciembre de este año. El cambio de modelo de facturación, podría suponer un incremento del importe de hasta el 300 por ciento.

Hasta ahora, en aquellos bloques de viviendas donde sólo hay un contador el canon de la cuota variable (de consumo) se dividía entre tantos vecinos como viviendas tuviera esa comunidad por lo que no había diferencia entre un ciudadano con contador único y otro con individualizado. A partir de ahora, a los de contador único les tarifarían con el consumo más alto, donde el agua es más cara, y por lo tanto, también el canon, explicó Quintana. “Lo que buscamos con esta propuesta es que no se aplique y discrimine a unos ciudadanos sobre otros, cosa que la Ley no buscaba”.

La alerta la ha dado el grupo municipal IU de Torremolinos, ya que en dicho municipio la empresa de aguas (con el 95 por ciento de capital privado) lleva desde antes del verano enviando cartas a los vecinos recomendándoles que hagan la adaptación de sus infraestructuras e instalen contador único. Eso puede suponer en algunos casos, explicó Félix Martín, hasta un gasto de 1.000 o 2.000 euros.

Según el cálculo realizado para una comunidad la diferencia es de pagar 1,0716 euros al mes y por vivienda a pagar 3,49/euros/vivienda por el concepto de canon de mejora, teniendo en cuenta que se trataría del tercer año de aplicación del canon y, por lo tanto, le corresponde el 0,60 por ciento. Si fuese la totalidad, el cien por ciento, las cantidades serían de 1,79 euros y 5,82 euros, respectivamente.

IU considera que en estos momentos no está justificado un gasto adicional para los ciudadanos inmersos en una crisis económica como la actual. Pero, además, se da la circunstancia de que en algunas comunidades de vecinos no podrá llevarse a cabo la adaptación a la Ley, porque la estructura arquitectónica lo hace imposible. Según Martín, algunas edificaciones tienen centralizada el agua caliente y una gran parte de viviendas tienen más de 20 años.

Martín advierte de que las empresas de agua obtienen un beneficio extra de todo ello, ya que los ciudadanos tendrían que darse de alta con contador individual, los cuales, en muchos casos, los instalan las propias empresas y añadió que cuando se elaboró la Ley se pensaba en no discriminar, pero si se aplica esta disposición, en la práctica, perjudicará a miles de andaluces.