(IU Alhaurín de la Torre) Día Mundial de los derechos sexuales y reproductivos.  próximo 28 de Septiembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Sexuales y Reproductivos y es por tanto necesario reafirmar el compromiso político de todas las instituciones, también las locales, con el desarrollo de los mismos. En tanto estas últimas son también corresponsables en todo lo relativo a la concienciación y sensibilización en torno a la salud sexual y reproductiva. Los Derechos Sexuales y Reproductivos fueron reconocidos como Derechos Humanos fundamentales en la “Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo” de las Naciones Unidas en 1.994, haciendo referencia “al libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos, al placer físico y emocional, a la libre orientación/elección sexual, a la libre elección del número de hijos y a la protección de la maternidad”. Con posterioridad, fue la “IV Conferencia Mundial sobre la Mujer” de las Naciones Unidas celebrada en 1.995 en Beijing la que reconoció que “los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva y la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad como base fundamental para el disfrute de otros derechos”. El Estado español suscribió los compromisos emanados de ambas plataformas de las Naciones Unidas. En 2008 fue el Consejo de Europa el que reconoció el derecho al aborto e instó a  los estados miembro a garantizar la accesibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, el Gobierno de España, está comprometido a respetar, proteger y garantizar su ejercicio real. Los Derechos Sexuales y Reproductivos y su incorporación a través de diversos instrumentos, como Derechos Humanos Fundamentales son el resultado de las luchas y reivindicaciones que los movimientos feministas lideraron especialmente en las décadas de los 60,70 y 80, poniéndolos como  eje central para el proceso emancipatorio de las mujeres desde una perspectiva múltiple: la soberanía sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la libertad sexual y reproductiva. Si el derecho a la salud reproductiva fue incorporado como un derecho fundamental, fue precisamente porque la práctica de abortos clandestinos era una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres y por la identificación por parte del movimiento feminista del sexo y la reproducción como uno de los  mecanismos más poderosos de control patriarcal. El control de la sexualidad y la maternidad  implica el control sobre la vida de las mujeres, sobre su capacidad para emitir juicios, sobre su derecho a definir y decidir su proyecto de vida, y en definitiva, sobre su dignidad como seres humanos. La tradición e influencia católicas, la conceptualización de una maternidad idealizada, como destino universal de las mujeres y una sexualidad femenina construida desde la subalternidad, obligan a situar el derecho a una maternidad libremente decidida y a la libertad sexual como reivindicaciones centrales, en tanto estas, además, condicionan el desarrollo de otros derechos reconocidos. España fue de los primeros países que aprobaron una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en 1.936, que con la Dictadura fue derogada y tendríamos que esperar hasta 1.985 para tener una despenalización parcial del IVE en tres supuestos, conquista parcial, aunque conquista, de las campañas feministas que durante las primeras elecciones municipales y el procesamiento de las “11 de Bilbao” se desarrollaron en el conjunto del territorio español. La ley 2/2010 supuso un avance notorio en cuanto al derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, incluyendo el aborto libre durante las primeras 14 semanas, eliminando la pena de cárcel para aquellas mujeres que interrumpieran su embarazo fuera del marco legal y ampliando el derecho a las mujeres de 16 y 17 años. Así mismo, significó un avance significativo porque por primera vez se incluían en la misma el acceso a la anticoncepción, la formación a los profesionales sanitarios y la educación afectivo sexual, en salud sexual y reproductiva como materias a incluir en el cuerpo curricular de la enseñanza. Sin embargo, esta ley no satisfizo todas las expectativas que había en torno a la misma, ya que seguía siendo de las más restrictivas de la UE, no proporcionaba seguridad jurídica plena y no garantizaba su prestación a través del sistema de sanidad pública, ni equidad en su prestación en todas las comunidades. De hecho, comunidades autónomas como Navarra no dispusieron hasta 2012 de ningún centro ni público ni privado que praticara la IVE. Consideramos desde el grupo de IU, que el debate que habría que estar abordando en este momento en relación a los derechos sexuales y reproductivos tendría que ser de avance respecto a la Ley 2/2010, equiparándola a otros países de la UE como Francia y Alemania, más avanzados en este sentido. Sin embargo, la entrada del PP en el Gobierno y la asunción del Ministro Gallardón de la cartera de Justicia, que cogió el testigo de su padre, ha introducido un debate que nos retrotrae a tiempos pretéritos en materia de derechos sexuales y reproductivos. La vuelta a la ley de supuestos, y la eliminación del supuesto de malformación del feto, solo es equiparable en Europa a países como Malta o Polonia. Un proceso involucionista, que cuestiona la capacidad de decisión sobre sus cuerpos de las mujeres y su derecho a la salud. De aprobarse la contrarreforma del PP estaríamos ante una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales, vulnerando y desatendiendo las recomendaciones e indicadores expresados por las Naciones Unidas desde el año 1.994 y por la propia Comisión Europea.

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