(ELECTORES)El proyecto de ley general de telecomunicaciones , contempla la expropiación forzosa de azoteas privadas y la retirada a los Ayuntamientos de las competencias para otorgar licencias y exigir estudios medioambientales a las antena de telefonía. ELECTORES solicita un “mapa de exposición electromagnética” en Alhaurín de la Torre y la restricción de instalar antenas en colegios y residencias.
El grupo municipal ELECTORES ha registrado una moción en apoyo a la campaña de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) contra el proyecto de ley general de Telecomunicaciones ( aprobada inicialmente por la Comisión de Industria del Congreso con los votos favorables de PP, PSOE y CiU actualmente en el Senado donde debe ser ratificada) ante la situación de desprotección jurídica en materia de salud y consumo y la posibilidad de expropiar bienes privados y públicos para la instalación de antenas de telefonía móvil.
De aprobarse definitivamente la norma suprimirá las licencias urbanísticas y medioambientales exigidas hasta ahora para desplegar redes en dominio privado, que se sustituirán por declaraciones responsables y eximirá de cualquier tipo de autorización la instalación de antenas de telefonía móvil de las compañias privadas.
Ante las posibles consecuencias de la contaminación electromagnética procedente de las redes de telefonía móvil y de una creciente variedad de dispositivos de tecnología inalámbrica la moción solicita el rechazo de la nueva ley de Telecomunicaciones, la redacción de un mapa de exposición electromagnética del municipio y la aplicación del principio de precaución recogido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, restringiendo la instalación de Antenas en zonas escolares y sanitarias ante el potencial peligro que estos contaminantes comportan para la salud de las personas, en especial para la infancia, las mujeres gestantes y otros grupos sensibles según más 3.800 estudios científicos y trabajos sobre la exposición a campos electromagnéticos que constatan que los actuales niveles de seguridad pública son insuficientes para proteger a la población de las enfermedades provocadas por este tipo de emisiones (cefaleas, cáncer, tumores cerebrales…).
