El PP demanda una investigación de todo este conglomerado de empresas que ha creado una administración paralela en negro y en B.

La Junta (PSOE-IU) ha creado una administración en negro, en B, una administración paralela, y que no se fiscaliza de forma regular, tiene más de 130 consorcios entre agencias, empresas y fundaciones amparadas por el PSOE-IU, donde “trabajan” más de 26.000 personas a los que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) denomina “enchufados”  pues nunca han pasado ninguna prueba de selección para acceder a esos empleos. La gran mayoría de ellos están vinculados a PSOE, UGT y CCOO.

 

El Ministerio de Hacienda, en base a los planes de reequilibrio para cumplir los objetivos de déficit y por las entregas de fondos a la Junta a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Fondos que están condicionados al cumplimiento de ese plan le exige a la Junta que cumpla.  Esta administración paralela hace totalmente insostenible este “monstruo” publico, social y económico y más si tenemos en cuenta el paro de Andalucía que es de un 35%. Empresas que se han creado para mantener el proceso masivo de relevos de altos cargos y cargos de confianza para mantenerlos en un trabajo público.

 

La Junta dentro de su oscurantismo no hace público el número total de trabajadores que componen este entramado, la consejería de Hacienda hasta el pasado día 31, que es cuando tendrá que remitir el volumen, coste y distribución de las funciones concretas del personal contratado, en cumplimiento del plan de reequilibrio. Según el SAF en los 130 entes integran a 26.000 personas aunque las cifras ofrecidas por otras fuentes sindicales y de la Administración elevan el número hasta 35.000.

 

Solo la empresa EGMASA dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, tiene 5.000 trabajadores o la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera integrada en la misma consejería tiene 2.000 trabajadores mas, también les podemos sumar los 1.600 de la RTVA o los 1.500 de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y así se llega hasta alcanzar un punto entre los  26.000 y 35.000 empleos. Como no hay una relación pública y transparente de los puestos de trabajo, se impide saber cuántos son, que hacen, como se distribuyen las categorías laborales y que convenios colectivos o privados rigen su trabajo. Una opacidad que la Junta lleva desde hace mas de una década.

 

La “generosidad” que la Junta mantiene con algunos directivos es como mínimo sospechosa, salario del director de FAFFE -ex alto cargo del PSOE de Cádiz-  79.000 euros brutos mas pluses. Los sueldo de otras categorías llegan a duplicar lo que en escalones equivalentes cobran los funcionarios de carrera de la Junta.

 

¿A cuánto asciende el coste de los sueldos de este “monstruo” de la Junta? no se conocerán hasta que la Junta no remita a Hacienda el desglose, el presupuesto de estos entes procede de transferencias de otros capítulos del presupuesto, por un total de unos 3.300 millones de euros. Se calcula que a sueldos corresponden como mínimo 1.000 millones de euros. Solo en 37 de las 130 empresas, según datos recogidos en las cuentas de la Junta  se desglosan un coste de personal de 877 millones de euros ¿cuánto más supone el resto de empresas?

 

El PP demanda una investigación de todo este conglomerado de empresas que ha creado una administración paralela en negro y en B.