El Foro de Saneamiento de la Costa del Sol se reúne en el Palacio de Congresos de Torremolinos

 (Sercopal) Los ayuntamientos de la Costa del Sol podrían plantear una reforma de la Ley  de Aguas de Andalucía para que los municipios pasen a gestionar el 50% de los importes que genera el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas que carga la Junta de Andalucía a los usuarios en los recibos del agua. La propuesta ha sido puesta sobre la mesa hoy por el alcalde de Vélez-Málaga y consejero-delegado de Axaragua, Francisco Delgado Bonilla, en el Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol reunido en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos.

La idea se formula en respuesta a un escrito de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de  8 de noviembre, al Defensor del Pueblo Andaluz en que atribuye a los ayuntamientos las competencias en materia del ciclo integral del agua, ‘tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración’. La administración autonómica limita en el documento su papel inversor en este ámbito ‘en auxilio de la Administración local’; cifra en 151’4 millones las obras acometidas entre 2010 a 2012 y señala al Plan Hidrológico Nacional, y por tanto hacia la Administración del Estado, como responsable de la ejecución y financiación de la segunda fase del saneamiento de la Costa del Sol.

La respuesta ha sorprendido a los miembros del Foro de Saneamiento, que hoy ha reunido en Torremolinos a alcaldes, concejales, responsables de empresas de aguas y representantes de organizaciones turísticas de la provincia para darles a conocer ese escrito. El ente mantiene abierto desde 2007 un expediente de queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por los continuos y sucesivos  incumplimientos de los plazos de ejecución de estas infraestructuras, al que se ha incorporado ahora este documento.

Según datos facilitados en el propio escrito, la Junta de Andalucia habría recaudado en ese período de 2010-2012 un total de 59’15 millones a los usuarios en concepto de canon y en toda la región, una cifra que ‘no nos cuadra’, ha afirmado el coordinador del foro, Salvador Vilches. Para ello se sustentó en los datos facilitados in situ por los responsables de las empresas públicas de aguas de la Axarquía (Axaragua) y de Málaga (EMASA) que por sí solas han gestionado para la Junta de Andalucía 3,9 y 7 millones de ingresos, respectivamente, por ese concepto y plazo.

 Para el alcalde Vélez-Málaga la Junta de Andalucía ‘ha demostrado su incapacidad’ para gestionar los fondos del canon de saneamiento –que se recordó tiene un objetivo finalista- y traducirlo en ejecuciones de proyectos.

 ‘Es hora de dar un paso adelante desde los ayuntamientos y reclamar la gestión del 50% del canon’ como fórmula para atajar los problemas de atrasos en la ejecución de las obras de infraestructuras de redes de saneamiento y depuración de aguas residuales, dijo;  y sobre las que, se recordó en la reunión, pesa un ultimátum de la Unión Europea, que exige a España y para diciembre de 2015 que cumpla el ‘vertido cero’. La solicitud de créditos pignorados con cargo a ese porcentaje del canon garantizaría a los ayuntamientos la viabilidad de las inversiones, propuso Delgado Bonilla.

 Para el teniente de alcalde de Mijas, Mario Bravo, presente también en la reunión, la peor sanción que puede recibir España por el incumplimiento del plazo no es la económica por parte de la Unión Europea, ‘que se puede pagar con dinero’; sino ‘la sanción que nos va formulando el turista, día a día, que se va decepcionado de un destino turístico y el daño al buen nombre ganado por la Costa del Sol durante décadas’.

 El Foro de Saneamiento Integral ha vuelto a reiterar sus críticas hacia las administraciones andaluza y nacional por los retrasos, en un caso, y falta de compromisos inversores, en otros, en las infraestructuras pendientes. De las 47 actuaciones comprometidas en 2010 por la Junta de Andalucía, apenas 5 se han ejecutado; la Administración Central dilatará hasta 2017 la terminación de la planta depuradora (cuando el plazo límite de la UE expira en 2015), y de las 17 actuaciones acordadas por la Diputación Provincial de Málaga y el gobierno central tan solo 7 tienen un calendario de trabajo.