La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha informado este mes de enero a la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra de que “solicitará una aclaración a las autoridades españolas para comprobar si, en este caso concreto, se han aplicado correctamente todas las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE sobre medioambiente”.
La denuncia presentada por la PDSS ante el Parlamento Europeo a través de EQUO sigue su curso. Las innumerables irregularidades que se han producido alrededor de estas explotaciones mineras desde hace décadas han llamado la atención de nuestros representantes a nivel europeo. La aprobación del Plan Especial de Reexplotación Minera (llamado eufemísticamente Plan de Restauración y Reforestación) tras la sentencia de cierre de 2005 permitió el mantenimiento de la actividad extractiva durante siete años más (hasta el 29 de marzo de 2014) eludiendo el preceptivo estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Este es uno de los aspectos llamativos para las autoridades europeas ya que “La directiva EIA exige que los estados miembros adopten las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente….se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y una evaluación con respecto a sus efectos.”
La PDSS, que espera el inminente pronunciamiento del TSJA al respecto, se congratula de que, ya que ni el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ni la Junta de Andalucía han visto problemas en promover el mantenimiento de la actividad minera sin los preceptivos análisis ambientales, al menos desde el Parlamento Europeo se tenga en consideración este aspecto.
Eduardo Sáez Maldonado
Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra
