(I. U.) La consejería de Fomento y Vivienda, competencia de Izquierda Unida en el gobierno andaluz, abre dos procedimientos administrativos a la Sareb, también conocido popularmente como ”Banco malo”, por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad andaluza. Según indica la Consejería que dirige Elena Cortés, las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de 109,44 millones de Euros, siempre que el “Banco Malo” no acredite haber puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de viviendas protegidas(VPO), los al menos, 911 inmuebles de estas características que poseemos en Andalucía. Estos registros permiten la selección equitativa para la adjudicación de estas viviendas y señalan los requisitos al acceso de las mismas bajo principios de igualdad y publicidad. Elena Cortés ha notificado al “Banco Malo” el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda. La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes. Nuestra compañera ha recordado que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda” no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, y que los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes” , añadió Elena Cortés.
