Esta es la principal preocupación de los arrendadores españoles, mientras continúan creciendo las cifras de usurpación ilegal, actos de vandalismo y deudas por parte de los inquilinos. Cuáles son las medidas para prevenir el problema, qué garantías tiene el propietario y cuál es el procedimiento a seguir en caso de tener una vivienda “okupada”.

Según las cifras oficiales, el número de ocupaciones ilegales denunciadas ante la Policía Nacional y la Guardia Civil ha crecido en forma sostenida durante los últimos cinco años. A esta realidad hay que sumar la cara “no visible” del problema: usurpaciones que no llegan a ser denunciadas, actos de vandalismo y robo, inquilinos que desaparecen dejando cuantiosas deudas y otros inconvenientes que desvelan a cualquier propietario de un inmueble en alquiler.

Aunque se desconocen las cifras oficiales, se estima que un total de 100.000 viviendas españolas atraviesan algún proceso legal originado por una usurpación. Y un buen porcentaje de ellas, son casas en arrendamiento.

Ante esta realidad, existen algunas medidas preventivas y recursos legales que debemos conocer para evitar que el problema sea mayor, actuando a tiempo y con la información y asesoramiento adecuados.

Primera medida: contar con un seguro para vivienda alquilada

Contratar un seguro a la hora de alquilar un inmueble es una forma de prevenir ocupaciones ilegales, actos de vandalismo, robos y desahucios. Según los expertos en materia inmobiliaria, este tipo de herramientas que ofrecen empresas como Fidelidade Seguros Hogar, son la mejor garantía con la que cuenta actualmente un propietario.

Contar con un seguro vivienda de alquiler implica varios beneficios para el arrendador. En primer lugar, significa un respaldo ante el inquilino, ya que incluyen protección ante los actos vandálicos que este pudiera realizar, pintadas o grafitis. También cubren la responsabilidad civil por los daños producidos en la vivienda o contenido asegurado al inquilino y terceros así como también la indemnización en caso de inhabitabilidad de la vivienda en cuestión.

Otro de los aspectos más importantes de un seguro de vivienda en alquiler, es la defensa jurídica que proveen al propietario del inmueble en caso de juicios de desahucio por falta de pago, reclamaciones por daños u obras no consentidas.

“Para ayudarle a responder con sus obligaciones como arrendador, nuestros seguros para vivienda arrendada también prevén emergencias e imprevistos con servicios de fontanería, cerrajería o electricidad, con una amplia red de profesionales para atender los daños tanto en la vivienda como en su mobiliario”, agregan desde Fidelidade.

De acuerdo a las necesidades e inquietudes del arrendador, las empresas de seguros brindan diferentes opciones que van desde las coberturas más básicas por incendio, caídas de rayos, defensa jurídica al arrendador y daños estéticos al inmuebles, hasta versiones “plus” que suman otros inconvenientes como desatascos, restauraciones estéticas, controles de plagas, etc.

En definitiva, se trata de encontrar la opción que mejor se adapte a lo requerido por el propietario y al presupuesto disponible.

Qué hacer ante una ocupación ilegal

Cuando el problema ya es un hecho, lo primero que debe hacerse es contar con el asesoramiento legal adecuado.

Antes de hacer ley por mano propia o cualquier acción que pueda perjudicar la seguridad del propietario y complicar el proceso legal correspondiente, es imprescindible contactar con la defensa jurídica del seguro contratado.

En caso de no contar con un seguro, debe buscar inmediatamente profesionales con experiencia en este tipo de problemas, como es el caso de Eficacia Legal, que es un referente en casos de ocupas. También es importante saber qué dice la ley respecto a las usurpaciones ilegales y desahucios, de lo cual puede leerse un extracto  en este enlace del estudio mencionado.

Dos vías de resolución

Para recuperar el inmueble ocupado, el arrendador tiene la vía penal y la civil. Según la normativa aprobada en el 2018,  para recuperar el inmueble.

En procedimiento civil se condena al ocupante a desalojar el inmueble y a pagar los costes del proceso legal, es decir, el abogado y el procurador, así como también los daños y perjuicios que se hubieran producido. Con respecto a los tiempos de resolución, la buena noticia es que desde el 2018 se ha estipulado en los procedimientos civiles no es necesario identificar a los ocupantes, lo cual ha agilizado bastante los plazos.

Si en cambio el hecho se denuncia por vía penal como delito de usurpación u ocupación, el procedimiento puede llegar a ser más lento y dependerán de qué tipo de delitos consten en la acusación, pudiendo llegar a condenas de dos años de prisión.

Consejos para evitar impagos

Tanto la contratación de un seguro antes de alquilar la vivienda, como el contacto inmediato con profesionales ante un desahucio u ocupación ilegal, son las claves para evitar los lentos y costosos procesos legales y burocráticos.

Además, hay otros consejos y recomendaciones para que el arrendamiento de un inmueble sea una operación segura y fiable tanto para el arrendador como para el arrendatario. Estos son algunos de ellos:

  • Anticipar el problema. El seguro de vivienda alquilada y la investigación de los inquilinos, son dos medidas que atienden a este consejo. Pero además, hay que tener en cuenta que siempre que haya una orden de desahucio, el tiempo es un factor clave. Para que el desalojo o la solución llegue cuanto antes, deberán ponerse en marcha las acciones en el mismo momento en que se detecta un impago o usurpación.

 

  • Saber negociar (o asesorarse con quien pueda hacerlo). No siempre es necesario llegar a las vías legales y sus prolongados tiempos de resolución. Muchas veces, las personas afectadas pueden llegar a un acuerdo para frenar el problema o encontrar soluciones alternativas que beneficien a ambas partes.

 

  • Estipular contratos claros y efectivos. Muchas veces, los impagos y usurpaciones responden en primera medida a contratos incompletos o erróneos. Se trata de un instrumento legal esencial y debe cumplir con todas las normas de legalidad, así como registrarse oportunamente en organismo gubernamental designado para ello.

 

  • Confiar en un alquiler profesional. Las inmobiliarias y brokers cuentan con la experiencia para seleccionar los inquilinos más fiables, así como los medios para garantizar un arrendamiento más seguro que el particular.

En definitiva, se trata de actuar con celeridad, recibir oportunamente el asesoramiento adecuado y anticiparse a los problemas contratando un seguro que proteja al propietario ante usurpaciones ilegales, impagos y daños en su propiedad.

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