Los Grupos Parlamentarios muestran su compromiso con la lucha contra este problema y reconocen la necesidad de adoptar nuevas políticas eficaces basadas en la evidencia
- La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad ayer 28 de mayo de 2014, la creación de una Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra la infancia, respondiendo así a la solicitud apoyada por todos los Grupos Parlamentarios propuesta el 12 de marzo de 2013 a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso.
- La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España) muestra su satisfacción con esta iniciativa, sobre cuya necesidad ha venido insistiendo desde su fundación en 1990, así como respecto a la consideración de numerosos aspectos a tratar que se recogen en la Exposición de Motivos de la solicitud de creación de la Subcomisión y que han sido reiteradamente manifestados tanto por FAPMI-ECPAT España como por otras entidades y organizaciones civiles dedicadas a la infancia y la adolescencia en nuestro país.
- Estos aspectos resultan fundamentales para el diseño de políticas y actuaciones eficaces dirigidas a evitar esta problemática y paliar sus consecuencias. La iniciativa ayer aprobada pone sobre la mesa las dimensiones centrales del problema y apunta a un esfuerzo conjunto por adoptar nuevas políticas y enfoques. Este paso adelante debe ser entendido como una muestra de valentía y del compromiso con la lucha contra este fenómeno por parte de los Grupos Parlamentarios, a quienes ofrecemos todo nuestro apoyo y la experiencia y conocimiento acumulado a lo largo de todos estos años.
- Este nuevo escenario se basa en los siguientes puntos de partida recogidos en la Exposición de Motivos de la solicitud de creación de la Subcomisión:
- Reconocimiento de la dimensión del problema y su ubicuidad, incluyendo los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación u otros contextos significativos, como puede ser el ámbito judicial.
- Reconocimiento de su carácter oculto, la ausencia de datos fiables, sistemas de recogida de información eficaces y estudios significativos en España.
- Reconocimiento del inadecuado diseño e insuficiente y fragmentada implementación de políticas, planes y programas por parte de las distintas Administraciones implicadas en la prevención e intervención en estas situaciones, y la necesidad de adoptar un enfoque global de la problemática.
- Reconocimiento de que la violencia contra la infancia nunca es justificable en ningún caso y énfasis en su prevención efectiva.
- Reconocimiento de las importantes consecuencias que supone para las víctimas y su evolución posterior, su entorno inmediato y el conjunto de la sociedad.
- Reconocimiento de la urgencia y necesidad de implementar respuestas eficaces para su prevención y atención a las víctimas y agresores por parte de los poderes públicos en España.
- Reconocimiento de que las medidas para intervenir ante la desprotección de personas menores de edad en situaciones de riesgo o desamparo no siempre son adecuadas o suficientes para responder a ciertas realidades sociales, y no dan respuesta a todas las formas de violencia contra la infancia.
- Introducción del enfoque de Derechos de la Infancia en la consideración de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
- Introducción de una definición amplia de violencia contra la infancia en base a la ofrecida por Naciones Unidas, que contempla toda acción, omisión o negligencia que afecta al desarrollo integral de las personas menores de edad, tanto en su dimensión física como psicológica y emocional.
- Reconocimiento de la necesidad de desarrollar en España una Ley Integral de violencia contra la Infancia, en consonancia con las observaciones del Comité de los Derechos del Niño en 2010.
Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.
