(Junta de Andalucìa) Justicia e Interior inicia este proceso de destrucción que afectará a juicios y de faltas y diligencias previas sin valor de las últimas décadas del siglo pasado   La Consejería de Justicia e Interior ha iniciado en Málaga la destrucción de 186.334 expedientes judiciales antiguos y sin valor con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los tribunales andaluces, según el acuerdo adoptado por la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la eliminación y conservación selectivas de aquella documentación de los órganos judiciales de la comunidad.   Esta acción pionera de eliminación masiva de documentos judiciales y optimización de espacio en los archivos afecta a documentación de procedimientos de órganos judiciales de la capital y del municipio de Coín.   En concreto, se ha acordado la destrucción de documentos relacionados con juicios de faltas de la década de los 70 de los antiguos juzgados municipales número 4, 5 y 6 de la capital y procedimientos de las décadas de los 70, 80 y 90 de los antiguos juzgados de distrito números 2, 3, 4, 5 y 6, también de la capital, según ha explicado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.   Asimismo, se ha acordado la eliminación de las diligencias previas de la década de los 80 tramitadas por los juzgados de instrucción números 1, 2 y 3 de la capital, así como los juicios de faltas y diligencias previas de los años 80 y 90 del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 del municipio de Coín.           Los 186.334 expedientes que serán destruidos, ubicados en 3.953 cajas, forman parte del total 201.051 expedientes que han sido analizados, de ellos 107.384 juicios de faltas y 93.667 diligencias previas que se guardaban en 4.233 cajas. Del conjunto de esta documentación examinada, se ha acordado enviar 14.717 expedientes almacenados en 244 cajas al Archivo Histórico Provincial para su conservación debido al valor o interés que entrañan.   La Junta ha dado, previamente, un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que pudiesen optar a recuperar, antes de su destrucción,  aquellos documentos aportados en su día a los procesos y cuyas referencias se han publicado con anterioridad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).   Junta de Expurgo   La eliminación de estos expedientes está gestionada por la Junta de Expurgo, un órgano puesto en marcha por el Gobierno Andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser destruida o conservada. Uno de los criterios principales en esta selección estriba en determinar el interés judicial e histórico de los documentos, contando para ello con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración, esenciales para determinar las muestras de cada tipo de expedientes que tienen acceso a los correspondientes archivos históricos provinciales. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos. Entre los documentos que la Junta de Expurgo conservará están aquellos de interés histórico y social y que tengan un valor por ser un caso especial y destacado o bien por ser representativo de la realidad social, económica, cultural o política de ese instante.     La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.   En el conjunto de Andalucía, serán más de 350.000 documentos de seis provincias los que van a ser eliminados, correspondientes todos a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90.  A esta primera destrucción documental, seguirá una segunda fase que desechará otros 300.000 expedientes, por lo que se elevará a 650.000 los expedientes judiciales destruidos en toda Andalucía en este proyecto destinado a rebajar la saturación de los archivos de los tribunales.   Más de 300 kilómetros de cajas a eliminar   El volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es de tal magnitud que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos. Esta eliminación de documentos se realizará, además de la provincia de Málaga, en los archivos judiciales de las ciudades de Sevilla y Cádiz, así como en los municipios de Arcos de la Frontera (Cádiz), Motril (Granada) y Huércal Olvera (Almería).   El objetivo de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales malagueños y profundizar al mismo tiempo en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún sentido conservar y avanzar en el camino hacia una Justicia digital y sin papeles. Con esta finalidad se trabaja en la actualidad en el análisis de 2,2 millones de casos judiciales de toda la comunidad para seguir seleccionando documentación sin interés y proceder a su eliminación.   Estas actuaciones en archivos judiciales van encaminadas también a la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental a través del sistema “Jara”, una aplicación que la Junta está implantando progresivamente en los juzgados andaluces y que hace posible el control y acceso a la documentación judicial hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.   Este proyecto se inserta en la apuesta por la modernización y desarrollo de las nuevas tecnologías que está realizando la Junta, para seguir dando pasos hacia una Justicia más ágil y eficaz basada en los avances tecnológicos y la progresiva eliminación del papel, lo que supondrá un ahorro medioambiental, de costes y de tiempo.     El TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales en su última memoria en la que ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta de Andalucía, por su parte, subraya la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.