La norma apuesta por la vivienda protegida y la rehabilitación, reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado hoy la Ley de Vivienda en Andalucía, que entrará en vigor el próximo 24 de enero. La Ley de Vivienda de Andalucía apuesta firmemente por la vivienda y por facilitar su acceso a los que más lo necesitan, con un aumento de la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible. La nueva norma se articula sobre cuatro pilares: incrementar la oferta de VPO y la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia asociada a los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para hacer frente a fenómenos como la ocupación.
La Ley de Vivienda de Andalucía refuerza las políticas iniciadas por el Gobierno andaluz desde 2019 y permitirá crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler. La ley crea la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.
Asimismo, apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones), para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible. En ese sentido, se creará una comisión andaluza de colaboración público-privada para encontrar nuevas fórmulas que se sumen a iniciativas ya puestas en marcha como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y urbanización de suelos.
También buscará el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, la ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos.
La Ley pone el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica. Igualmente, mejora la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas.
También figura un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables. En esa línea, se contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. La norma establece, dentro del marco de sus competencias, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación.
La norma incorpora varias de las medidas urgentes del Decreto-ley ya en vigor, salvo aquellas de carácter temporal (cinco años) como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas. Un Decreto-ley al que se han adherido ya cerca de 80 municipios andaluces que representan a más de la mitad de la población andaluza y que se localizan en las zonas donde se detecta una mayor demanda de viviendas.
Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley completa y renovada tras la normativa estatal, que lleva dos años y medio en vigor. Con esta ley, se busca corregir los efectos de la Ley Estatal de Vivienda, que ha tenido como efectos la subida de precios, la caída de la oferta, la incertidumbre jurídica del propietario o el aumento de la ocupación.
La Ley de Vivienda de Andalucía contribuye, por último, a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente, ya que deroga cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.
