La investigación de la UPA permitió descubrir un acuerdo ilegal entre la madre biológica y una pareja que no podía concebir
Agentes del Área de Protección al Menor (APROME) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), con sede en Málaga, en colaboración con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía, han llevado a cabo una actuación en relación con un presunto delito contra las relaciones familiares —alteración de la paternidad, conforme al artículo 220.1 del Código Penal— y otro de falsedad documental.
La investigación se inició tras una Resolución de Desamparo Provisional dictada por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga respecto a una menor recién nacida que se encontraba ingresada en un hospital de la provincia. Una vez ejecutada dicha resolución, los agentes procedieron a la retirada inmediata de la menor y a su posterior entrega a una Familia Acogedora de Urgencia (FAU).
Durante la comparecencia de la madre biológica ante los agentes, se detectaron diversas irregularidades y contradicciones relacionadas con el parentesco entre ella y el supuesto progenitor, quien figuraba inscrito como tal en el Registro Civil. Ante la gravedad de los hechos, se abrió una investigación que permitió identificar de manera rápida y completa a todas las personas implicadas. La principal línea de trabajo se centró en un presunto delito consistente en la presentación y registro de un recién nacido ajeno como propio para su inscripción como hijo en el correspondiente Registro Civil.
Fruto de las indagaciones, los agentes pudieron determinar que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico por importe de 3.000 euros con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad. El varón inscrito como progenitor no es el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro Civil para inscribirse como padre de la recién nacida.
La investigación reveló que, ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja había contactado con la madre biológica y aceptado su propuesta: inscribir a la recién nacida como hija de ambos y, una vez recibida el alta hospitalaria, entregársela a cambio de los 3.000 euros acordados. Este hecho no llegó a materializarse gracias a la rápida intervención policial, que permitió la retirada inmediata de la menor, garantizando en todo momento su protección. Actualmente, la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía y reside en un hogar de acogida, donde recibe la atención y el amparo necesarios. La actuación culminó con la imputación tanto de la madre biológica como de la pareja interesada en adquirir a la menor.
Asimismo, los implicados cometieron un delito de falsedad en documento público, al modificar elementos esenciales del acta de inscripción de nacimiento del bebé en el Registro Civil.
