(PDSS) Desde que en Abril de 2014 expiraron las licencias de extracción ligadas al Plan Especial de “Restauración”, la PDSS lleva denunciando que en una de las canteras implicadas, la de Pinos de Alhaurín, se mantuvo la actividad extractiva ilegalmente de forma continuada (incluso en horario nocturno en ocasiones). El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre afirma haber enviado a la Policía Municipal que, curiosamente, y a pesar de las pruebas aportadas por la PDSS, nunca observó irregularidad alguna. En esta ocasión, sin embargo, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil corroboró dicha denuncia lo que obligó al Ayuntamiento a abrir expediente sancionador.
http://www.diariosur.es/interior/ayuntamiento-pide-90000-20180512000414-ntvo.html
La Guardia Civil registró la citada denuncia en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el día 7 de Marzo de 2018, a pesar de lo cual la Concejala de Medio Ambiente, Marina Bravo, declaró a Diario Sur un mes después (el 5 de Abril):
“…si están haciendo algo ilegal la única manera de denunciarlo es pillándolos en el acto”
ignorando de forma inexplicable el informe de la Guardia Civil que llevaba un mes sobre su mesa.
http://www.diariosur.es/interior/denuncian-actividad-cantera-20180405224010-nt.html
Unos días después, el 10 de abril, al ser informada por el citado medio de que éste tenía conocimiento del informe de la Guardia Civil, Marina Bravo sí se dio por enterada y declaró:
-“…está en manos de Disciplina Urbanística” y que llevarán a cabo “las acciones necesarias” si el departamento municipal considera que el documento de la Guardia Civil es suficiente como para emprender acciones-
http://www.diariosur.es/interior/seprona-confirma-existencia-20180410225909-nt.html
Un mes más tarde, el 12 de Mayo, supimos que el Ayuntamiento abría expediente sancionador contra dicha cantera.
Es lamentable que tenga que ser una asociación ciudadana (sin medios) la que obligue al Ayuntamiento (con todos los medios a su alcance) a tomar medidas sancionadoras ante una flagrante infracción a la vista de todos pero ignorada por los responsables de su vigilancia. Y es lamentable (y alguien podría pensar que hasta sospechoso) que estas medidas se tomen sólo cuando la Guardia Civil corrobora dichas denuncias, es más, sólo cuando el Ayuntamiento comprueba que dicha denuncia que obra en su poder ha trascendido a la prensa (y no antes).
Si finalmente el Ayuntamiento llega a cobrar los 90.000 euros de sanción en beneficio del pueblo, no será gracias a sus desvelos y actitud vigilante precisamente. Una actitud que la PDSS espera que cambie en el futuro pues son los intereses del pueblo, y no los de algunos particulares, los que el Ayuntamiento debe defender.
La PDSS, haciendo uso de su derecho como parte implicada en la denuncia, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento tener acceso a dicho informe. Aún no ha habido respuesta.
