El Pleno aprueba definitivamente las modificaciones del IBI, tasa de residuos, Plusvalías y el ICIO y provisionalmente las tasas de agua y saneamiento. El alcalde defiende la medida por “necesidad”, debido al incremento de precios y la aplicación de directivas de la UE, y para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de los servicios públicos.

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado de forma definitiva, en su sesión ordinaria de este viernes, correspondiente al mes de octubre, la actualización de un total de cuatro ordenanzas fiscales: tasa por prestación del servicio de gestión de residuos domésticos municipales (basura), impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalías), impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), tras haber desestimado las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista. Igualmente, se han aprobado de manera provisional la actualización de las tasas de agua y saneamiento.  La medida se traduce en la modificación de los tipos de gravamen que se utilizan para calcular las cuotas tributarias, con la finalidad de garantizar la “sostenibilidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad”, tal y como ha defendido el alcalde, Joaquín Villanova. Tanto el regidor como el concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, han hecho hincapié en que se trata de unas actualizaciones “necesarias” para asegurar la estabilidad presupuestaria y afrontar los costes de la gestión diaria del Ayuntamiento, “que no han parado de subir”. “Es una actualización equilibrada, proporcional y responsable”.  “Llevábamos muchos años con prácticamente todos los impuestos congelados mientras que los costes y los precios no han parado de subir. No hemos tenido más remedio que hacerlo, porque lo contrario sería un riesgo inasumible de quiebra de las arcas municipales”, ha aseverado el primer edil, quien, pese a todo, ha recordado que la presión fiscal sigue estando “muy por debajo” en comparación con el resto de grandes municipios de la provincia.  El concejal de Economía y Hacienda también ha recordado que algunas de estas ordenanzas se han modificado para cumplir con directivas de la UE adoptadas por el Gobierno de España, como es el caso de la de basura. Los seis puntos han sido aprobados con el voto del grupo popular, la abstención de VOX y el rechazo de los concejales de PSOE y Con Andalucía.  En el caso del IBI, se ha fijado el tipo en el 0,65%, con lo que se vuelve al índice que existía en 2014. Cabe recordar que el máximo está fijado en el 1,10%. “Todavía estamos muy por debajo de lo permitido y en una zona media de municipios malagueños. Hay otros ayuntamientos que lo tienen mucho más alto”, ha remarcado José Manuel de Molina. Los bienes rústicos se mantendrán con un tipo de gravamen del 0,89% y y a los inmubeles dedicados a uso de hostelería, industrial, deportivo, comercial y oficina que superen determinadas valoraciones se les aplicará el 0,71%.   Sobre la tasa de RSU (basura), se trata de aplicar la denominada “gobernanza responsable” y el principio de que “quien contamina paga”, de acuerdo con la directiva europea adoptada por el Gobierno central en la Ley 7/2022. De esta forma, se hace necesario repercutir por ley el precio de un servicio que estaba subvencionado en torno al 50% y de una tasa que permanecía congelada desde 2012. “Estamos estudiando los costes con detalle y tendremos el resultado en los próximos meses para lograr la equidad fiscal”, ha añadido el concejal delegado de Economía y Hacienda.  En lo que respecta a la Plusvalía (Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), la cuota sube seis puntos con los objetivos de asegurar la estabilidad presupuestaria, pero también, en la medida de lo posible, de “frenar la inflación y la especulación inmobiliaria”, mismas razones por las que el ICIO pasa del 3% al 4%. No obstante, en el caso también de la Plusvalía se aumenta la bonificación a favor de los familiares en transmisiones de bienes via ‘mortis causa’ (por causa de muerte), que pasa del 90% al 95%.  A propósito del aumento de la tasa de agua, saneamiento, alcantarillado y depuración, cuyas ordenanzas han salido adelante de forma provisional, De Molina ha argumentado que se trata de un servicio “muy deficitario y, a pesar de ello, no se incrementó el recibo hasta 2021, cuando se decidió penalizar los altos consumos para propiciar el ahorro”. Por contra, el Ayuntamiento ha invertido en este tiempo alrededor de 7,5 millones de euros, casi a millón por año, para mejoras e inversiones de la red hídrica, sin repercutir jamás en el contribuyente este coste en el precio del agua a modo de canon de inversión, como sí hacen otros ayuntamientos.  Igualmente, mientras no tengamos disponible agua de pantano, lo cual sucederá a la vuelta de tres años, es imprescindible garantizar el abastecimiento con el sistema actual de pozos. Ello significa que Alhaurín de la Torre depende de los periodos de lluvia. Sin embargo, en la última década, las precipitaciones han disminuido progresivamente, por lo que el acuífero no se ha ido rellenando.  Estamos luchando contra el fraude, estamos instalando nuevos contadores, “pero no queda otra que desincentivar el despilfarro, por un lado, y amortiguar la imparable subida de los costes por la inflación”, que se espera se dupliquen en solo un año: de 950.000 euros a dos millones de euros.    RESTO DE ARGUMENTACIÓN DEL CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA:   En octubre de 2020 anunciamos la congelación de la mayoría de tributos, salvo la del agua, hasta 2023.  El IBI vuelve al coeficiente que pagábamos en 2014. Es decir, bajamos el IBI en 2014 por la crisis económica y ahora con esta subida tenemos el mismo tipo que hace nueve años, en 2014.   El coeficiente mínimo que podemos aplicar es el 0,40 y l coeficiente máximo. El 1,10. En Alhaurín de la Torre vamos a aplicar el 0,65, así que sin tener que ser un experto en matemáticas, se ve que está más próximo al mínimo que al máximo.  No como ocurre en otros pueblos donde gobierna el PSOE, como Alozaina 0,88, o Cártama 0,78, que están muy por encima, o Algarrobo 0,75 o Vélez 0,68 que también han estado en manos del PSOE hasta las pasadas municipales.   El caso contrario es nuestro vecino Alhaurín el Grande, que ha dejado de estar gobernado por el PP y ahora gobierna el PSOE en coalición. Que acaban de hacer, subir desde 0,69 hasta el 0,71. Nosotros el 0,65. El tipo que teníamos en 2014. Además, por cierto, allí han subido el impuesto de matriculación, que nosotros no hemos tocado.   Les recuerdo que bonificamos las viviendas de protección oficial al 50%.  Bonificamos también la instalación de energía solar el 50 % el primer año y el 25% el segundo. Una medida de la que se beneficiaron 428 familias en 2022 y 238 en lo que llevamos de año y que vamos a mantener para seguir propiciando el ahorro de energía y de gastos de las familias para proteger el medioambiente y para no cargar las economías familiares ahora que está tan alta la energía eléctrica tradicional.  También bonificamos por familia numerosa, 40% o 60% según sea especial o no, y contamos con la bonificación general del 3% por domiciliación bancaria.    Además quién se compra un coche eléctrico recibe bonificaciones fiscales en la renta y el Ayuntamiento ya les bonifica el 50% en la tarifa del IVTM.  Este es un ayuntamiento responsable, que gestiona los ingresos y da el máximo que puede en servicios para que tengamos este municipio famoso por su calidad de vida.    ¿Somos responsables de la subida de la luz, de la gasolina, de los repuestos de fontanería, de los materiales de construcción, y tantos otros costes directos? No.  ¿queremos pagar las nóminas, que van a subir el 5% este año, tener jardines bonitos, instalaciones deportivas por todas partes, actividades culturales de primer orden?. SÍ.   Todos queremos calidad y de vida y unos servicios públicos de primera y, para ello, no hay más remedio que hacer números, ajustar el presupuesto, y retocar los impuestos con una subida que no es elevada ni desproporcionada.    La tasa de RSU (Basura)  no subía desde 2012   Hay directivas de la Unión Europea que el Gobierno de España aceptó mediante la Ley 7/2022 bajo el principio de «quien contamina paga», uno de los objetivos de desarrollo sostenible fijados en la agenda 2030 y que es de obligado cumplimiento en 2025. Dice concretamente “la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia, tasas que deberían tender hacia el pago por generación»  Esta gobernanza responsable nos obliga a repercutir el precio del servicio que ahora mismo está subvencionado en torno al 50%. Estos costes los estamos estudiando con detalle y tendremos el resultado en los próximos meses para lograr la equidad en la carga fiscal. Para que el que más contamine más pague.   El coste del tratamiento de estos residuos se ha incrementado terriblemente en estos tres ultimos años. En 2020 pagamos al consorcio 375,000 euros. En 2021 436,000 y atención, se duplica en 2022 hasta los 740.000 y este año se vuelve a duplicar, ya llevamos 700.000 en el primer semestre del año. Luego es un coste disparatado que grava las arcas municipales y tenemos que repercutirlo, insisto por ley, en el recibo.   Los costes en 2022 fueron de 5.400.000 euros y los ingresos previstos, con la subida, serán de 2.200.000, es decir solo cubrimos el 41% del servicio.   Por ello esa vital la recogida selectiva. El que más contamine más pagará. Y en el futuro quien menos recicle más pagará y por lo tanto quien más recicle, menos pagará.  Es vital separar cristal, cartón, plásticos y orgánicos pues este impuesto se configura según normativa europea como un instrumento económico para proteger el medio ambiente, incentivando la reutilización y reciclado de residuos y desincentivando opciones menos favorables conforme al principio de jerarquía de residuos, y se articula como un tributo de carácter indirecto que recae sobre los residuos en la medida en que son objeto de operaciones de gestión, mediante su entrega a vertederos para su eliminación o mediante su entrega a instalaciones de incineración o de coincineración, para su eliminación o valorización energética.  Pero no subíamos tasa RSU desde 2012 y lo hacemos ahora con el IPC acumulado pues desde entonces no se había subido nada. (21,10%  de IPC acumulado)  Sobre el ICIO, los mismos argumentos anteriores del incremento de los costes de los servicios públicos que nos lleva a subir un punto, del 3 al 4%.  No se tocaba desde 2013, lo bajamos en la crisis financiera porque éramos y somos responsables y conscientes de la situación del municipio. Diez años sin subir. Creo que no es un disparate ajustar ahora este impuesto cuando el municipio ha vuelto a repuntar en la construcción.   En cuanto a bonificaciones, nosotros atendemos a las personas con dificultades ya sean económicas o físicas con las medidas que ya he comentado antes o con el departamento de bienestar social. En 2022 se entregaron 286.995,10 euros y desde enero a septiembre de 2023 el gasto total en ayudas sociales asciende ya a 160.978’50. Además, a través de Bienestar Social se dan ayudas anualmente para estas familias que solicitan quitar la bañera o hacer otras reformas.   Como ven, no nos van a ganar en solidarios. No obstante, vamos a estudiar el impacto de añadir esta bonificación en la próxima revisión, porque a diferencia de ustedes, nosotros hacemos números y valoramos el alcance de cualquier medida. Así que me comprometo en tenerlo en cuenta para cuando haya otra revisión.     Sobre Plusvalía (Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).   En las transmisiones de bienes via mortis causa (por causa de muerte), ampliamos la bonificación a favor de los familiares que será ahora del 95% (estaba en el 90%).  Pero les recuerdo que el gobierno con la ley de 2021 recortó drásticamente los ingresos municipales por plusvalías y prometió una compensación que hasta el día de hoy ni ha llegado ni se le espera.  No obstante, si todo va bien, volveremos a los ingresos de 2019, pues el contribuyente no paga ahora más de lo que pagaba en 2019 porque los coeficientes han bajado, se revisan anualmente.   Con la plusvalía de Alhaurín de la Torre, paga más el que más gana en la compraventa y el que más especula si lo vende poco tiempo después de haber comprado.   Tiene que quedar claro que no queremos subir impuestos. Nadie quiere subir impuestos. Pero estamos obligados por los costes que no paran de crecer para mantener los servicios que estamos prestando.

Así que nuestro compromiso es mejorar la gestión. Todos los concejales, desde el primer edil hasta el último venimos cada día al Ayuntamiento para trabajar de la mejor manera posible por la ciudadanía.

Para ello nos comprometemos en ahorrar en gastos innecesarios, ajustar lo más posible todas las inversiones y conseguir que cada euro que se ingrese con este esfuerzo que pedimos, se repercuta en los vecinos para que sigan satisfechos de vivir en el mejor municipio de la provincia”.

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