(Eduardo Madroñal Pedraza) El Frente Polisario ha pedido a todas las empresas extranjeras que se retiren de inmediato del Sáhara Occidental, porque su presencia en la región es una flagrante violación de la legalidad internacional, a través de un comunicado emitido por agencia oficial Sahara Press Service (SPS), en el que denuncia el continuo saqueo y explotación irracional de los recursos marítimos y del suelo saharaui. También ha expresado su satisfacción por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por cancelar el acuerdo de comercio y pesca entre Marruecos y la Unión Europea.

La sentencia deja claro que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y Marruecos son dos territorios distintos y separados, así como la condición jurídica del Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui que tiene la plena representatividad y competencia para representar a este último en cualquier acuerdo internacional.

El majzén -o clase dominante marroquí- lleva a cabo una constante ‘política de hechos consumados’ -su plan de explotación y expropiación de los recursos naturales del territorio saharaui que ocupa por la fuerza desde finales de 1975- tanto en lo económico y demográfico como en lo político y militar. Lo que ha intensificado recientemente desde el reconocimiento, por el administración estadounidense -con Trump como presidente y no revertido por Biden-, del territorio saharaui como parte de Marruecos.

El Tribunal General de la Unión Europea emitió el 29 de septiembre dos sentencias con las que ordenaba la anulación de los acuerdos de comercio y pesca entre Marruecos y la UE, tal como había reclamado el Frente Polisario. El tribunal alegó que no se puede comerciar con los productos de un país que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos. Los embajadores de los 27 países miembros decidieron la semana pasada recurrir las sentencias ante el Tribunal de Justicia de la UE, máxima instancia judicial europea. Este órgano puede estudiar el recurso durante uno o dos años. Mientras tanto, se mantendrán vigentes los acuerdos comerciales y pesqueros.

En el seno de la UE hay dos tendencias. Una es consecuente con la resolución de la ONU que ha declarado al Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización. Por ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que los acuerdos de comercio y pesca de la UE con Marruecos son ilegales porque no cuentan con el beneplácito del Frente Polisario y entonces -como concluye el informe ‘Empresas europeas y vulneración del Derecho Internacional en el Sahara Occidental’, presentado recientemente en la Eurocámara- “las empresas europeas se convierten en cómplices al explotar los recursos del Sáhara Occidental ocupado de forma ilegal, y beneficiarse de negocios ilícitamente ejecutados por Marruecos”.

La otra tendencia, encabezada por la burguesía monopolista francesa, apoya al reino alauí para seguir con sus enormes beneficios económicos y políticos, participando en el expolio de las riquezas saharauis que van desde los fosfatos, el gas, el hierro, el cobre y el uranio hasta la pesca y la agricultura, y recientemente las energías eólica y solar, así como en el sector de la construcción. Hay una gran empresa francesa, Azura -que tiene explotaciones agrícolas en territorio saharaui- pero la mayoría de los oligopolios europeos se esconden tras filiales marroquíes para poder negar sus negocios, condenados por el citado tribunal europeo.

Según el citado informe, empresas tales como las francesas Engied y CMA CGM, las alemanas HeidelbergCement AG y Siemens Gamesa Renewable Energy, la italiana Enel Green Power, entre un grupo de las 28 compañías violan los acuerdos de la ONU ya que sus negocios en el territorio ocupado, al estar éste en proceso de descolonización y no contar con la debida autorización de la población saharaui y del Frente Polisario, el único representante autorizado por la ONU para la gestión de los recursos naturales del Sáhara Occidental, participan en el expolio de los recursos del pueblo saharaui.

Desde 2007, Marruecos ha recibido más de 3.000 millones de euros procedentes de la UE en programas como el Instrumento Europeo de Vecindad o el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. A ello hay que sumarle la contraprestación que el reino alauí se lleva en el marco del acuerdo de pesca, que destina 52 millones de euros anuales.

Las leyes comerciales de la Unión Europea prohíben expresamente cualquier propiedad o control extranjero sobre los recursos saharauis, así como el comercio con los productos provenientes de los territorios ocupados, sin embargo estas leyes no disponen de mecanismos que vigilen su estricto cumplimiento, máxime teniendo en cuenta la riqueza que alberga el Sáhara Occidental, por ello los oligopolios europeos aprovechan un vacío legal para usar filiales marroquíes para que expolien los recursos por ellas o bien crean empresas opacas.

Y no debemos olvidar que la sombra de la superpotencia es extremadamente alargada. Estados Unidos financia ya una iniciativa -mapas incluyendo el Sáhara Occidental como parte de Marruecos- para inversiones estadounidenses por ejemplo en el puerto de Dajla (antigua Villa Cisneros) que demuestra la firme decisión de mantener el apoyo a la ocupación marroquí.

Así mismo, su fiel aliado, Israel -con el que Marruecos estableció relaciones diplomáticas inmediatamente después de que Estados Unidos reconociera que el territorio saharaui era marroquí- participa activamente. Por ello, la empresa israelí Ratio Petroleum ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Energía marroquí para explorar de forma exclusiva las también ocupadas aguas del Sáhara Occidental.