(AAT) El alcalde, lejos de criticar a vecinos, colectivos y partidos políticos, debe decir la verdad de una vez por todas: Ni es tarde para oponerse a ese absurdo proyecto de EDAR Málaga-Norte en la Vega de Mestanza, porque es el momento «procesal» adecuado, regulado así por la legislación vigente,  ni es improcedente en tanto que representa a la legítima voluntad popular expresada recientemente en el Parlamento Andaluz, a través de una Proposición no de ley (PNL). El alcalde, sin embargo, después de hacerse la foto detrás de la pancarta de «SOS Mestanza», va al pleno y vota NO a salvar la vega.

La moción presentada este pasado viernes en el pleno municipal  por nuestro grupo compuesto por Izquierda Unida, Podemos y Justicia ambiental, relativa a la depuradora EDAR Málaga-Norte que la Junta de Andalucía pretende construir en la Vega de Mestanza, ha generado un curioso revuelo, quizás porque la opinión pública no tiene suficientemente clara la situación (el tema no es trivial y la gente no puede estar al tanto de todos los detalles) y, por tanto, la negativa explícita del alcalde y de su equipo de gobierno a  «…exigir al Gobierno de Andalucía que lleve a cabo un cambio de ubicación de la proyectada depuradora…», ha generado cierto desconcierto. 

El «contracomunicado» emitido por el Sr. Villanova, además de evidenciar la preocupación que le genera este tema de cara a la opinión pública, ha hecho hincapié, más allá de culpabilizar a los grupos políticos de inacción, en que «ya es tarde», según el regidor alhaurino.

Probablemente se podría haber sido más contundente y quizás hemos podido pecar todos de confiados, pero en febrero de 2017 aún estaba oponiéndose activamente el alcalde en el pleno a que se construyera en el Romeral, con lo cual no podía estar decidida por la Junta de Andalucía la ubicación hasta esa fecha, luego IU Andalucía no ha podido tener nada que ver en esa decisión, como quiere confundir malintencionadamente el Sr. Villanova, ya que no estaba en el gobierno andaluz. 

Sin embargo, hay dos aspectos que este «contracomunicado» no considera y que tienen mucho que ver con esta curiosa interpretación. Veamos.

El primero de estos aspectos tiene que ver con la herramienta administrativa conocida como «periodo de exposición pública», relacionado con el derecho consagrado en el artículo 105 de la Constitución de permitir a los ciudadanos ser escuchados «…en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten…» y está  regulado por la ley 39/2015 que determina que «…quienes presenten alegaciones u observaciones…tienen derecho a obtener de la administración una respuesta razonada…»

Es decir, en un momento determinado de un procedimiento, el proyecto, (en este caso aún anteproyecto), queda a disposición de cualquier ciudadano que quiera consultarlo y alegar lo que considere oportuno. Esto ocurrió este verano (curiosamente), y fue entonces cuando vecinos, ciudadanos, asociaciones, grupos políticos, etc.,  presentaron sus quejas y alegaciones. Antes de esa fecha era imposible, pues el anteproyecto no estaba accesible más que a los considerados por la administración como «parte interesada», pero no al público en general.

El alcalde presentó alegaciones, sí, pero tan sólo cuestionando el trazado de las líneas de alta tensión, evidenciando el «interés real» que tiene en salvar la vega. Sin embargo nuestro grupo municipal de AAT presentó alegaciones relativas a los inconvenientes de tipo social (enejenación de tierras a sus propietarios que las tienen en explotación), de tipo ambiental (erradicación de zonas que ayudan a preservar biodiversidad, capturan CO2…), de tipo estratégico (sacrifican cultivos a costa de soberanía alimentaria), de tipo hidrológico (zona altamente inundable, que obligará a un gran gasto económico en prevención de inevitables avenidas). Ninguno de esos inconvenientes le pareció al alcalde de peso suficiente como para alegarlos.

Por otra parte, la Junta sacó la licitación de la obra, (que aún no se ha atrevido a adjudicar), durante el mismo periodo en que estaba el anteproyecto en exposición pública, evidenciando el «interés» de la Junta en atender a las posibles alegaciones de la ciudadanía.

El segundo aspecto que no se ha tenido en cuenta en el «contracomunicado» del alcalde, y que es el que ha motivado la moción que ha presentado AAT, tiene que ver con una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Adelante Andalucía y aprobada por el Parlamento de Andalucía, instando al Gobierno Andaluz a cambiar la ubicación prevista. Sabemos que las PNL son frecuentemente ninguneadas por los gobiernos, pero no son más que la expresión de la voluntad del pueblo representado a través de su parlamento, (depositario de la soberanía popular). Otra cosa es que no estemos de acuerdo en la representatividad de nuestra democracia, pero es el sistema que tenemos vigente y es la manera más democrática que el pueblo tiene de trasladar sus pretensiones a sus gobernantes. Y si el gobierno andaluz ignora la PNL aprobada por la mayoría del parlamento, está ignorando la voluntad popular.

Por tanto, y recapitulando, ni es tarde, porque es el momento «procesal» adecuado, regulado así por la legislación vigente, (como se ha defendido en el apartado primero), ni es improcedente en tanto que representa a la legítima voluntad popular expresada recientemente a través de la PNL (según se ha defendido en el punto segundo).

El alcalde, sin embargo, después de hacerse la foto detrás de la pancarta de «SOS Mestanza», va al pleno y vota NO a salvar la vega. 

Tendrá sus razones, (como el resto de concejales del PP que también han votado que no), pero nunca las hace públicas, así que nosotros no podemos más que imaginarlas.