El Pleno aprueba una moción para pedir una nueva ley que permita a los ayuntamientos elegir un método de financiación del servicio de recogida y tratamiento de residuos que no dispare la presión fiscal para los contribuyentes como sucedería a partir de 2025

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre alerta de la “grave subida” que se puede producir a partir del próximo año en la tasa de basura, tal y como está planteado en el método de financiación que impone el Gobierno central a través de la llamada Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Así lo han puesto de manifiesto tanto el alcalde, Joaquín Villanova, como el concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, después de que el Pleno aprobara en su última sesión ordinaria una moción presentada por el grupo popular contraria a esta subida y en la que se insta al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a que presente un nuevo proyecto de ley “que respete la automonía local” y permita, en particular a los municipios con suficiencia financiera en sus cuentas, “la libre elección del método de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos”.

El texto ha recibido el voto favorable de los concejales del PP y de Vox, la abstención de Con Andalucía y el voto en contra del grupo del PSOE. La exposición de motivos alude a las “repercusiones negativas” del “conocido como ‘basurazo’ de Pedro Sánchez”, muy criticado por ayuntamientos de todo signo político, ya que obligará a “aumentar considerablemente una presión fiscal hasta ahora subvencionada” y perjudicará a los vecinos.

Esta medida es consecuencia directa de la mencionada ley de residuos, aprobada por el PSOE y Unidas Podemos y apoyada por sus socios en España, y que establece la entrada en vigor el próximo 2025 en todos los ayuntamientos de esta tasa o, en su caso, “una prestación patrimonial de carácter público no tributaria” que sea “no deficitaria”, es decir: que refleje el “coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”.

Para el grupo popular, esta medida va en contra del artículo 140 de la Constitución, que consagra “la autonomía de los municipios” para su gobierno, administración y gestión, así como también es contraria a la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, que explicita la autonomía de las entidades locales para “establecer y exigir sus propios tributos”.

El concejal de Hacienda, José Manuel de Molina, ha señalado las dificultades de aplicar el llamado modelo de que “quien contamina paga” que impone la UE y que se pretende con la nueva ley debido a la falta de herramientas y de recursos de los ayuntamientos, por lo que los principales perjudicados serán todos los contribuyentes, independientemente del método que se elija para calcular la tasa y, en su caso, las bonificaciones.

“Resulta profundamente injusto que el Gobierno de la nación imponga un único modelo de financiación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos sin discriminar entre administraciones locales que, como Alhaurín de la Torre, tienen suficiencia económica y superávit”, añade la moción, que también alerta de contradicciones y de una situación de “gran inseguridad jurídica” para los ayuntamientos por la inexistencia de ordenanzas fiscales, tal y como ha puesto de manifiesto la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda, que advierte de un “indeseable aumento de la litigiosidad”, como sucedió con la plusvalía.