El Gobierno ha anunciado oficialmente el retraso de la entrada en vigor de VERI*FACTU —el nuevo sistema obligatorio de facturación electrónica certificada— posponiendo su implantación hasta 2027. La decisión afecta tanto a sociedades como a autónomos y pymes, que dispondrán de un año adicional para adaptarse a las nuevas exigencias técnicas.
El Ejecutivo justifica el aplazamiento en la necesidad de ofrecer más tiempo a las pequeñas empresas que todavía no han podido asumir el coste tecnológico, así como garantizar una transición más ordenada hacia un modelo de control fiscal completamente digitalizado.
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Un cambio de rumbo en el calendario
Con este anuncio, las fechas quedan así:
Enero de 2027: inicio para empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
Julio de 2027: obligación para autónomos y pequeñas empresas.
Aunque el reglamento mantiene intacta la filosofía del sistema —factura con trazabilidad garantizada, registros inalterables, códigos QR y remisión inmediata a la Agencia Tributaria—, el Gobierno concede un margen adicional para que el tejido productivo pueda asumir sin sobresaltos los requisitos técnicos y financieros.
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Impacto en pymes y autónomos: alivio generalizado
El aplazamiento ha sido recibido como “un balón de oxígeno” por la mayoría de asociaciones empresariales, que ven en la nueva fecha un reconocimiento a la realidad económica actual.
Miles de pequeños negocios no habían completado aún la transición y temían no llegar a tiempo a 2026. El coste del software, la falta de formación y la adaptación de procesos internos eran algunos de los obstáculos más señalados.
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Los que ya estamos preparados: ¿adelanto estratégico o inversión adelantada por imposición?
Aquí es donde nace la otra lectura de la noticia.
Quienes ya hemos hecho la inversión —actualizando sistemas, adquiriendo software certificado o adaptando nuestro ERP a la normativa VERI*FACTU— recibimos este aplazamiento con una mezcla de tranquilidad y frustración.
1. La tranquilidad
Estar ya preparados significa que podremos afrontar 2027 sin prisas, sin sobrecostes de última hora y con procesos internos más robustos. La modernización, al final, nunca es en vano.
2. La frustración
No deja de ser contradictorio que, tras meses siguiendo al milímetro las exigencias de la futura ley, el calendario cambie justo cuando muchos ya hemos cumplido.
La inversión —económica, técnica y en horas de trabajo— se ha realizado porque era una imposición inmediata. El retraso coloca a quienes actuamos con previsión en una situación peculiar: cumplimos antes de tiempo, pero sin recibir incentivo alguno por ello.
3. ¿Ha merecido la pena adelantarse?
A pesar del sabor agridulce, la respuesta es sí.
Contamos con un sistema más seguro y profesional.
Hemos reducido riesgos futuros.
Llegaremos a 2027 con ventaja frente a quienes tendrán que ponerse al día a toda prisa.
Pero también es legítimo reclamar una reflexión institucional: las empresas que cumplen a tiempo no deberían sentirse penalizadas frente a quienes esperan hasta el último día.
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Una oportunidad para optimizar, no para bajar la guardia
Este año extra no debería interpretarse como un periodo de relajación, sino como un margen ideal para ajustar procesos, formar al personal y perfeccionar la integración del sistema. El futuro de la facturación en España es inequívocamente digital, y VERI*FACTU marcará un antes y un después.
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Conclusión
El aplazamiento hasta 2027 es un balón de aire para muchos, pero también un recordatorio de que la adaptación tecnológica nunca es un gasto: es una inversión en competitividad.
Quienes ya nos hemos adelantado quizá no obtengamos un reconocimiento explícito, pero sí contamos con la mejor recompensa posible: estar preparados para un modelo que tarde o temprano será obligatorio.
