viaViandalucía denuncia el incumplimiento de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en lo referente a la violencia de género

Mostramos nuestra repulsa por la hipocresía del Ministerio de Justicia que si bien por un lado impulsa leyes con el pretendido objetivo de hacer efectiva la Convención, por otro mantiene vigente el artículo 156 del Código Penal que permite la esterilización sin consentimiento y a veces ni siquiera conocimiento de la mujer.

Existen incluso centros residenciales que requieren la esterilización de las mujeres con diversidad funcional para poder ser admitidas. Un motivo más para rechazar la institucionalización en estos centros. El resultado de las esterilizaciones masivas lleva con frecuencia a abusos y violaciones hasta desde el entorno más próximo de la mujer con diversidad funcional.

Hace años que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) está empeñado en que se elimine dicho artículo de nuestro código penal. A pesar de que algo se ha avanzado en cuanto a los controles a realizar antes de llevar a cabo dichas irreversibles intervenciones, este atentado continúa ejerciéndose.

Al mismo tiempo mostramos nuestra preocupación ante la falta de programas específicos de apoyo a la educación inclusiva y a la búsqueda de empleo de la mujer con diversidad funcional. Sin embargo, se continúa con una política desfasada que fomenta su segregación en centros especiales de empleo. Por otro lado, la futura ley educativa no resulta muy prometedora para las niñas y mujeres con necesidades especiales de apoyo.

Una forma muy sutil de violencia contra la mujer es la de la frecuencia con la que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia fomenta la prestación económica por cuidadora no profesional, prestación económica que elimina la posibilidad de llevar una vida independiente a la mujer con diversidad funcional y supone una carga desmedida e innecesaria para la mujer cuidadora.