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(I. U.) ¿Por qué el Gobierno del PP no está de acuerdo con el Decreto-Ley de función social de la vivienda en Andalucía impulsado por Izquierda Unida? ¿Rajoy defiende a los bancos  o al  pueblo español? Nuestra compañera Elena Cortés, Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, acusa al Gobierno central de “actuar cobardemente” y le ha exigido que “dé la cara y explique si ha presentado ya” el recurso contra la Ley de Medidas para asegurar la Función Social de la Vivienda, “cuándo lo ha hecho y en defensa de qué intereses”. “La Ley es perfectamente constitucional y se apoya en la función social del derecho de propiedad. El recurso obedece a motivos inconfesables, como la defensa de la élite financiera y de los especuladores de la vivienda a costa de castigar a las víctimas de la crisis, a trabajadores desempleados, avalistas, autónomos, precarios y pensionistas”. El Gobierno central del Partido Popular ha impugnado la norma porque funciona, porque es efectiva, porque demuestra que hay alternativa a sus políticas y porque pone en evidencia el fracaso total de su moratoria para evitar desahucios. Están escondidos porque no se atreven a explicar un recurso que da vía libre a bancos y fondos buitre para desahuciar a familias empobrecidas por la crisis estafa y para especular con la vivienda. La impugnación impedirá sancionar a bancos e inmobiliarias por mantener viviendas vacías, una medida que perseguía abaratar el acceso a la vivienda mediante el alquiler. “Este recurso dificulta y encarece el acceso a una vivienda digna y adecuada”, asegura la consejera Elena Cortés. ¿Qué supone este Decreto Ley? Sitúa a Andalucía a la vanguardia en España en defensa del derecho a la vivienda y consagra la vivienda como derecho protegido dejando ésta de ser una mercancía especulativa. Dicho Decreto da una respuesta contundente a una situación de emergencia social y defiende el derecho general frente a los intereses particulares de bancos y grandes empresas. Parece ser que Izquierda Unida ha tocado el nervio al Partido Popular al defender a las víctimas de la crisis frente a los bancos y desde el Gobierno se empeñan en impugnar esta ley  de función social que protege el derecho a la vivienda de los andaluces.