(Noticias Municipales) La fiscal remite al Juzgado Decano de Málaga la denuncia presentada por el Ayuntamiento por posibles amenazas y coacciones contra Ramón Guanter, quien exigió que se paralizaran las obras de una unidad de ejecución esgrimiendo falsas irregularidades
La Fiscalía Provincial de Málaga ha estimado que los hechos denunciados el año pasado por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre contra el concejal de UpyD, Ramón Guanter, por los posibles delitos de amenazas y coacciones »podrían ser constitutivos de infracción penal», por lo que los ha remitido al Juzgado Decano de Málaga, »interesando que tras el oportuno reparto se incoen diligencias previas en averiguación de los hechos y presuntos responsables de los mismos».
La Fiscalía ya había abierto diligencias de investigación penal tras el escrito presentado por el Consistorio, motivado a su vez por la presentación por parte de este mencionado concejal de un escrito en el registro general del Ayuntamiento el pasado 4 de abril de 2014, en el cual exigía que se paralizaran las obras que se estaban llevando a cabo en la Unidad de Ejecución UE-EC-04 hasta que se solucionara una supuesta falta de metros de áreas libres, y amenazando con presentar, en caso contrario, una denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción.
El Ayuntamiento entiende que los términos utilizados por Guanter en ese escrito pudieran constituir un delito de amenazas y coacciones, algo absolutamente intolerable, teniendo en cuenta que se trataba de una actuación urbanística que fue tramitada de forma totalmente correcta, respetando en todo momento la legislación urbanística vigente y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alhaurín.
El equipo de gobierno entiende que si este señor o cualquier otro ciudadano tiene conocimiento de la comisión de un delito, tiene la obligación de denunciarlo ante el órgano o la autoridad competente, y no dar ningún plazo de cinco días, como el que daba en el escrito presentado en el registro. ¿Qué sentido tiene conceder ese plazo de cinco días? ¿Pretende amenazar con que presentará la denuncia si en el referido plazo no se accede a su pretensión?
Como concejal del Ayuntamiento, este señor podía tener vista del proyecto de reparcelación de la citada unidad de ejecución y solicitar todas las aclaraciones sobre el mismo mediante el cauce adecuado (en el pleno, en los plazos de alegaciones, mediante recursos contenciosos-administrativos, etcétera), pero, en lugar de eso, solicitó una paralización. Es más, hay que recordar que este mismo concejal votó a favor del mismo proyecto que después, finalmente, denunció. En concreto, en el pleno de agosto de 2012 dio su voto favorable tanto al convenio urbanístico como al estudio de detalle.
La tramitación de esta unidad se ha hecho respetando en todo momento la legislación urbanística vigente y las normas del propio PGOU de Alhaurín de la Torre, incluidos los principios de publicidad y transparencia. Durante los periodos de exposición pública ni este concejal ni ninguna otra persona presentó alegación alguna.
