La nueva ley de bibliotecas, que traspone una directiva europea, aplica un canon de derecho de autor a las mismas por adquirir libros y otro por alquilarlos, en función de numero de usuarios inscritos, lo que supondrá una disminución en los fondos de libros y un deterioro del servicio público que prestan.
Las Bibliotecas Públicas españolas se ven amenazadas por la exigencia del repago de un canon por el préstamo de documentos según el borrador del Real Decreto que modifica la transposición de la Directiva 2006/115/CE a través de laLey de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que pretende fijar una doble cuantía a percibir en concepto de derechos de autor: 0,16 euros por cada obra adquirida durante el año natural en cada establecimiento con destino al préstamo, más 0,05 euros por cada usuario inscrito en dicho establecimiento, que haya hecho uso efectivo de servicio de préstamo en ese año. El borrador contempla que en las transferencias periódicas que el Estado o Comunidades Autónomas hacen a la administración local vía subvenciones, se detraiga este dinero automáticamente, lo que afectará sin duda a los servicios prestados.
“Las bibliotecas públicas serán penalizadas por el mero hecho de cumplir con una de sus labores esenciales, el préstamo de documentos” recuerda el concejal portavoz JM Mancebo, que considera la propuesta como “una traba al acceso a la cultura y una errónea interpretación del concepto de propiedad intelectual, que responde a la excesiva mercantilización de nuestra sociedad”.
ELECTORES defenderá en el pleno del próximo viernes una moción en defensa a las Bibliotecas y archivos públicos municipales y para instar al gobierno central a solicitar la derogación de la directiva europea que regula la tasa por préstamo en las bibliotecas públicas.
Tanto la UNESCO como la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) indican que un servicio público sea efectivamente público ha de ser gratuito y libre de cualquier canon o gravamen.
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Juan Manuel Mancebo Fuertes
648164401
