Más de una docena de miembros de la PDSS, ataviados con sus camisetas reivindicativas de la protección de la Sierra de Mijas, asistieron el pasado viernes 31 al Pleno Extraordinario monográfico sobre las canteras celebrado en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Se discutió sobre las circunstancias que llevan acaeciendo alrededor de este asunto, en particular en lo que se refiere al Acuerdo marco y posterior Plan Especial de Reexplotación Minera (de Restauración según fue denominado oficialmente) desde que en 2005 el TSJA decretara el cierre de la mayoría de las explotaciones por llevar décadas extrayendo de forma “clandestina e ilegal”. Todos los partidos de la oposición (PSOE, IU, UPyD y ERES) presentaron mociones solicitando distintas actuaciones encaminadas a aclarar y solucionar el asunto de las canteras que fueron rechazadas sistemáticamente por  la mayoría absoluta del PP con argumentos poco convincentes y, en ocasiones (sorprendentemente)  incluso poco respetuosos.

La PDSS entiende que tanto el Acuerdo Marco como el Plan Especial son ilegales, circunstancia que está pendiente de ser dirimida en los próximos meses por el TSJA, por lo que toda la discusión relativa a si los canteros, el Ayuntamiento y la Fundación cumplen o no con los compromisos adquiridos en dichos acuerdos es, a nuestro entender superflua. El hecho central es que cuando el TSJA decretó el cierre de las canteras, las administraciones “competentes” corrieron a buscar una solución que tenía que pasar por un único requerimiento ineludible: la explotación minera no podía parar. Se ideó así un subterfugio legal que disfrazaba de restauración lo que no es más que el mantenimiento de la actividad minera. Hay evidencias gráficas (puestas en conocimiento de la justicia y del público en general) de que hay zonas en que se ha producido un escandaloso avance de los frentes extractivos en lugares que no habían sido tocados previamente y que, por tanto, no requieren restauración alguna.

El Alcalde de Alhaurín de la Torre ha llegado a reconocer explícitamente en el pleno que la supuesta restauración está ligada al negocio de venta de áridos. Recordemos que las empresas que siguen extrayendo, son las mismas que se lucraron ilegalmente durante décadas a costa de la destrucción de nuestro patrimonio natural. Son las mismas a las que el Ayuntamiento ha dejado de imponer una sanción “equivalente al beneficio ilícitamente obtenido”, según dice la ley, durante décadas de explotación ilegal. Décadas en las que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía miraban para otro lado.

Mientras no se plantee una restauración (sea cual sea el modelo por el que se apueste, que no es único) que excluya absolutamente el mantenimiento de la actividad extractiva (y el lucro derivado de la misma, lógicamente) los ciudadanos tendremos la certeza de que nos siguen engañando.

 

Eduardo Sáez Maldonado

PDSS