La falta de sensibilidad social del gobierno del Partido Popular ha vuelto a manifestarse en la drástica reducción de las becas concedidas a universitarios durante el curso 2012-2013.   La situación es tan grave que miles de estudiantes en toda España se enfrentan a la expulsión de la Universidad por no poder afrontar el pago de las tasas a pesar de seguir sus estudios con aprovechamiento, echando por tierra todo el trabajo y todo el esfuerzo que han realizado hasta el momento.   Esta política de recortes en becas es profundamente injusta por cuanto perjudica directamente a los universitarios menos favorecidos social y económicamente, que se ven imposibilitados de continuar unos estudios superiores que ya han iniciado o que incluso están a punto de finalizar.   Esta injusticia es mayor si cabe si tenemos en cuenta que la comunicación de la denegación de las becas ha sido enviada ya muy avanzado el curso escolar con lo cual muchas familias y muchos estudiantes han hecho un esfuerzo económico y personal que al final se ha mostrado inútil: los estudiantes que no han abonado las tasas no pueden realizar los exámenes.   La secretaria general del PSOE alhaurino, Patricia Alba manifiesta que “resulta incomprensible la indiferencia y la frivolidad con la que el ministro Wert se refiere a la disminución de las becas concedidas por su Ministerio cuando constituye un claro retroceso en la equidad del sistema educativo y un nuevo ataque contra la igualdad de oportunidades en la Educación”.   Del mismo modo afirma que “ofrecemos al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre la posibilidad de desmarcarse de las políticas antisociales del gobierno de la nación abonando las tasas universitarias del alumnado del municipio que el curso pasado hubiera obtenido una beca y este año el Ministerio de Educación se la haya denegado por el endurecimiento de las condiciones para su concesión”.   No estamos hablando de números sino de historias personales y familiares, de gente a la que conocemos y que hacen todo lo posible para que sus hijos disfruten de unas posibilidades mejores de las que han tenido ellos y ahora injustamente el gobierno les priva de ello.   Las dificultades económicas no pueden servir de excusa para cercenar el futuro laboral, social y personal de miles de jóvenes porque no hay inversión más rentable que la que se destina a la formación y a la Educación.

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